EN PLENA EJECUCIÓN LEY 14 DE 2010

Aumentan solicitudes de antecedentes penales

Más de 100 personas acuden diariamente a la Dirección de Investigación Judicial a pedir el documento, necesario para buscar empleo.

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PROYECCIÓN. Las autoridades de la DIJ esperan más personas en las próximas semanas, pues para diciembre se abren nuevas plazas de empleo y la gente requiere el certificado. LA PRENSA/Maydée Romero PROYECCIÓN. Las autoridades de la DIJ esperan más personas en las próximas semanas, pues para diciembre se abren nuevas plazas de empleo y la gente requiere el certificado. LA PRENSA/Maydée Romero
PROYECCIÓN. Las autoridades de la DIJ esperan más personas en las próximas semanas, pues para diciembre se abren nuevas plazas de empleo y la gente requiere el certificado. LA PRENSA/Maydée Romero

Han pasado seis meses desde la promulgación de la ley que permite a las empresas pedir a sus empleados un certificado de antecedentes penales y, aunque ya se trata de un trámite común, cada día aumenta el número de personas que acuden a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para solicitar este documento.

Cifras conservadoras señalan que al día se procesan más de 100 formularios.

El jefe de Investigaciones Criminales del organismo, Quincleito Mora, explicó que la expedición de este documento tiene sustento jurídico en el artículo 1 de la Ley 14 del 13 de abril de 2010, que reformó el artículo 17 de la Ley 69 de 2007.

El texto legal dice así: “Tendrán acceso a la información registrada en el Gabinete de Archivo e Identificación Personal las autoridades competentes, el titular de la información y las personas naturales o jurídicas para fines laborales debidamente autorizadas por el titular”.

La misma norma indica que será la DIJ la institución encargada de expedir el documento, identificado como Certificado de Información de Antecedentes Personales, de forma gratuita. En el papel se dejará constancia detallada de todo el historial que tenga la persona en los archivos y si no lo tiene también se expresará en la carta. Si el certificado es para asuntos laborales, solo se colocarán, si las hubiere, las sentencias condenatorias registradas dentro de los 10 años anteriores a la expedición del documento.

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