Avanza el rechazo a granjas atuneras

El diputado Luis Barría dijo que tratarán de restituir la norma, pese a la presión de empresarios al Ejecutivo y a algunos colegas suyos.

Parque Nacional Coiba LA PRENSA/Archivo Parque Nacional Coiba LA PRENSA/Archivo
Parque Nacional Coiba LA PRENSA/Archivo

Por tercer día seguido, en la Comisión de Ambiente de la Asamblea la discusión para restituir el artículo 11 de la Ley 44 de julio de 2004 –que limita la pesca con redes de cerco en el Pacífico– se centró en la creación de las granjas atuneras.

Luis López, miembro de la Asociación de Clubes de Pesca Deportiva de Panamá y opositor a las granjas, explicó que se debe restituir el artículo 11, porque se corre el riesgo de que la UNESCO retire la categoría de patrimonio de la humanidad a Coiba. Se quejó porque la discusión sobre granjas atuneras está distrayendo la atención del tema principal.

Adicional a ello, detalló cómo en cinco años esas granjas acabaron con el atún rojo en el mar Mediterráneo.

“En España, Francia, Italia, Portugal y otros países, disminuyó el atún rojo, publicó [la revista] National Geographic en abril de este año (...), al punto que llamó al Grupo Fuentes: el cartel de las granjas”, dijo López.

Sin embargo, Carlos Cabezos, de la empresa Ricardo Fuentes e hijos, S.A. –que obtuvo una concesión para poner una granja en Puerto Armuelles, Chiriquí–, rechazó los planteamientos y aseguró que se habla sin base.

“Aprobaron la concesión en 2003, antes de que crearán la Ley de Coiba, montamos las jaulas, invertimos más de 3 millones de dólares en Puerto Armuelles. Contrataríamos a 100 trabajadores e instalaríamos una planta procesadora con 500 empleos más, pero tuvimos que parar”, dijo Cabezos.

Por su parte, el diputado opositor Luis Barría, miembro de la Comisión de Ambiente, señaló que –desde la eliminación del artículo 11– esa comisión ha buscado restituirlo “pese a las presiones de empresarios al Ejecutivo y a algunos diputados”.

Crear granjas atuneras requiere supervisión de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), pero Marvin Correa, asesor técnico de la entidad, reconoció que “no hay capacidad para vigilar y debemos buscar mecanismos urgentes para velar por los recursos marinos”.

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