MINISTERIO PÚBLICO. SIN IMPLEMENTARSE NUEVA NORMATIVA.

Bienes aprehendidos siguen pendientes de venta

Las autoridades hacen avalúos de las propiedades, a fin de liberarse de su custodia.

La finca La Porcelana, del ex jefe del Cartel del Norte del Valle, ubicada en Chepo, se cae a pedazos.

DETERIORO. La piscina de Jesús Enao Montoya , extraditado a Estados Unidos en 2005, está sucia y llena de limo. DETERIORO. La piscina de Jesús Enao Montoya , extraditado a Estados Unidos en 2005, está sucia y llena de limo.
DETERIORO. La piscina de Jesús Enao Montoya , extraditado a Estados Unidos en 2005, está sucia y llena de limo.

Los bienes incautados dentro de procesos criminales siguen siendo una pesada carga para el Estado. Dos meses después de haber entrado en vigencia la reglamentación de una norma que le permite despojarse de la custodia física de bienes aprehendidos provisionalmente, el Ministerio Público todavía realiza el avalúo de esas propiedades, según un reporte oficial.

Maribel Vergara, directora del Centro de Custodia y Bienes y Fondos Cautelados, había dicho a este diario hace un año que la entidad a su cargo administraba unos mil 500 vehículos y otras 85 propiedades entre apartamentos, fincas, lanchas y locales comerciales, aprehendidos entre los años 2002 y 2007.

Según la funcionaria, mantener esos bienes requería de recursos que superan la capacidad económica de la entidad que dirige.

Evidente deterioro

Uno de los ejemplos más claros de esta situación es el caso de la finca La Porcelana, propiedad del ex jefe del Cartel del Norte del Valle, Arcángel de Jesús Enao Montoya alias El Mocho, ubicada en la comunidad de Higueronal, en el corregimiento de Tortí, Chepo, al este de Panamá.

La finca de El Mocho, quien fue extraditado hacia Estados Unidos en enero de 2005, se cae a pedazos en manos del abandono y sin ninguna vigilancia: 25 caballos y algunas gallinas son los únicos habitantes permanentes de la propiedad.

El panorama es desolador: tres casas, varios ranchos, una piscina y la caballeriza. La finca está ahogada en maleza y bañada de polvo. La hoy limosa alberca donde el capo disfrutaba su poder tiene agua, pero sucia.

En la caballeriza, que tiene espacio para 10 caballos, el techo de pencas está a punto de derrumbarse y unas 11 sillas de montar se dañan por la humedad y el calor. Vecinos aseguran que hasta octubre de 2007, dos miembros de la Policía Nacional custodiaban la finca.

Javier Cedeño, quien fue administrador de la finca en los tiempos en que era habitada por el capo colombiano, dejó ese trabajo por “la falta de pago”. “Tenía año y medio de trabajar para Lucio Quintero Marín, cuñado de El Mocho, cuando las autoridades allanaron la finca en 2004. “Desde esa ocasión nunca me han pagado”, aseguró Cedeño.

Tras la llegada de la Fiscalía de Drogas, Cedeño dijo que fue nombrado custodio, pero los gastos son enormes.

“De todo debo entregar facturas y hacer un informe, porque después, dicen las autoridades, me reembolsarán los gastos”, dijo confiado.

Carga Excesiva

Vergara también dijo a este diario que “la imposibilidad de administrar eficientemente esos bienes se traduce en un riesgo en materia de seguridad y de salud pública”.

Por eso destacó las bondades de la iniciativa reglamentada el 5 de junio de este año, que permitiría, según dijo, desahogar ese recinto, cuya capacidad ha sido desbordada debido al incremento de actos delictivos.

Cifras reveladoras

Para respaldar sus palabras, la funcionaria echó mano de algunas estadísticas: solo en 2007, dijo, ingresaron a este centro para su custodia los bienes aprehendidos en 6 mil 61 nuevos procesos, mil 70 expedientes más que en 2006.

En los cinco primeros meses de 2008 entraron un poco más de 2 mil 283 expedientes que, según la funcionaria, es un indicativo de cuál será el ritmo de crecimiento para el cierre del año.

Este diario intentó, fallidamente, obtener una opinión de Vergara, luego de que la norma en cuestión fuera reglamentada y apareciera en Gaceta Oficial el día 24 de junio pasado.

FACULTADES

La citada reglamentación, por ejemplo, establece que el agente de instrucción (fiscal) mediante una resolución podrá designar a una persona natural o jurídica, pública o privada, como custodio provisional de un bien aprehendido, cuyo mantenimiento resulte oneroso. Un fiscal podrá, igualmente, otorgar, mediante el procedimiento de selección de contratista, la administración provisional de bienes, cuyo mantenimiento resulte caro.

Esa misma disposición faculta al Ministerio Público a la venta de bienes aprehendidos que puedan deteriorarse, mediante subasta pública, conforme a ciertas reglas. Por ejemplo, realizar un avalúo por personal del Ministerio Público u otra entidad pública o mediante la contratación de entidades privadas evaluadoras acreditadas.

Las ‘bondades ’de una nueva ley

El Ministerio Público tiene en sus manos una nueva disposición que le permite liberarse de la custodia física de aquellos bienes aprehendidos, provisionalmente, en medio de un proceso criminal, y cuyo mantenimiento resulta oneroso. La norma, que data del 10 de agosto de 2007, modifica y adiciona artículos al texto único de la Ley de Drogas de 1986 relativos a bienes aprehendidos. La citada Ley No. 38 establece que no solo se podrá aplicar esta modalidad en bienes derivados de actividades vinculadas con blanqueo de capitales, narcotráfico y delitos conexos, sino también aquellos relacionados con infracciones contra la administración pública (corrupción), propiedad intelectual (piratería), delitos financieros y terrorismo.

Diez meses después apareció en Gaceta Oficial la Resolución No. 8 de 5 de junio de 2008, que reglamenta los procedimientos administrativos de donación, venta, custodia y administración provisional de los bienes aprehendidos. Previa orden del funcionario de instrucción, el Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelares, que nació en 1997, ejecutará los actos administrativos necesarios para la donación, venta, administración y custodia provisional de bienes aprehendidos.

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