Bonissi controlará intervenciones

Los fiscales ya no pueden pedir grabaciones telefónicas directamente a la Sala Penal, sino a través y con permiso previo del Procurador.

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USO. Los ‘pinchazos’ son una herramienta para combatir delitos. LA PRENSA/Ana Rentería USO. Los ‘pinchazos’ son una herramienta para combatir delitos. LA PRENSA/Ana Rentería
USO. Los ‘pinchazos’ son una herramienta para combatir delitos. LA PRENSA/Ana Rentería

El procurador de la Nación (encargado), Giuseppe Bonissi, pretende controlar todas las solicitudes de interceptaciones telefónicas que se eleven a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

A través de un Resolución ­la No. 12 del 15 de abril de 2010­, Bonissi estableció que los fiscales que requieran interceptar teléfonos dentro de una investigación ya no pueden hacer la solicitud directamente a la Corte, sino que necesitan su autorización previa.

También quedó establecido que solo él podrá elevar la petición a la Corte.

Los fiscales solo podrán tratar el tema directamente con la Corte, cuando se trate de “simples solicitudes de ampliación del plazo” para las grabaciones.

Según la procuradora (suspendida) Ana Matilde Gómez, no existen parámetros legales para elevar la solicitud de intervenciones a la Corte.

Destacó que hasta ahora solo existía un “acuerdo verbal” con los magistrados de la Sala Penal, para que los fiscales realizaran de forma directa la solicitud.

Para Gómez, lo que busca Bonissi es un control de las intervenciones, “para evaluar a quien sí y a quien no”.

El tema nunca ha sido reglamentado.

El artículo 29 de la Constitución señala que las comunicaciones privadas solo pueden ser interceptadas por mandato de una “autoridad judicial”. En agosto de 2007, un fallo de la Corte declaró que el Procurador de la Nación no tiene esta facultad; desde entonces, la competencia la tiene exclusivamente la Sala Penal.

Para el ex fiscal de Drogas Rosendo Miranda, no importa quién eleve la solicitud. Lo importante es que estén sustentadas “con los elementos probatorios suficientes”.

Miranda ­como Gómez­ opina que hace falta un reglamento que determine los “niveles de evaluación de la grabaciones”.

“Todo lo que se graba no puede ir al expediente”, precisó el ex fiscal.

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