CEPAL sugiere ‘desmontar’ la cultura patriarcal

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Protesta. En Panamá, las organizaciones piden una justicia más eficaz para atender los asesinatos de mujeres LA PRENSA/Carlos Lemos Protesta. En Panamá, las organizaciones piden una justicia más eficaz para atender los asesinatos de mujeres LA PRENSA/Carlos Lemos
Protesta. En Panamá, las organizaciones piden una justicia más eficaz para atender los asesinatos de mujeres LA PRENSA/Carlos Lemos

La dependencia económica, la falta de redes de apoyo social y familiar, de eficacia en las instancias de ayuda, el temor a la represalia y a estar sola o vulnerable, son los principales obstáculos que enfrenta la mujer para poner fin a una relación violenta con su pareja.

Así se establece en el informe ¡Ni una más! Del dicho al hecho: ¿cuánto falta por recorrer?, que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hizo público el 25 de noviembre pasado, en el Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.

De acuerdo con el estudio, en mediciones que se hicieron en 2007 se determinó que el 32.6% de las mujeres urbanas y el 34.1% de las mujeres rurales de 15 años y más edad no tenían ingresos propios, y se dedicaban principalmente a los quehaceres domésticos.

“La falta de ingresos hace más vulnerables a las mujeres ante rupturas conyugales, viudez o cesantía de la pareja”, se explica.

A esta falta de autonomía financiera se suma el escaso acceso al poder y a la toma de decisiones.

Aunque el acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones políticas ha crecido en la última década, “todavía está distante de la paridad”: no constituyen más del 20% de los parlamentos nacionales, se lee en el informe.

Por otro lado, la CEPAL establece que la violencia de género tiene una fuerte relación con la discriminación, porque cuando se agrede a una mujer se afectan sus derechos más básicos: derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a la salud física y mental, y a no ser sometidas a tratos degradantes, entre otros.

Precisamente, el pobre acceso a la salud es una de las manifestaciones de esta discriminación. Según el organismo, persiste en la región “una tasa de mortalidad materna inaceptable, con relación a los niveles de progreso y modernidad de los países”.

El problema es especialmente grave entre las adolescentes, que han duplicado su aporte a la fecundidad total, pasando del 8.5% entre 1950 y 1955, al 14.3% entre 2000 y 2005.

¿Qué hacer para cambiar esta realidad? Para la Comisión, es imprescindible que el tema de la violencia contra las mujeres sea parte de la agenda pública, para que se confeccionen así políticas públicas tendientes a ayudar a este grupo de población.

“Políticas sociales como subsidios, preferencia para las viviendas, capacitación laboral y servicios de cuidado para los hijos menores, son requisitos indispensables para que las mujeres puedan sostener un juicio y mantenerse durante el proceso judicial”, se detalla.

Es necesario, además, “desmontar la cultura patriarcal”, los estereotipos o costumbres que mantienen a las mujeres en la sumisión.

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