INFORME DEL Colegio nacional de abogados CUESTIONA QUERELLA

‘Caso contra Gómez debió desestimarse’

Aristides Royo, Carlos Lucas López y Esmeralda Arosemena de Troitiño advierten de una serie de absurdos en el proceso, que ayer llegó a la Corte.

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CONCLUSIÓN. En el informe del Colegio Nacional de Abogados se deja claro que Ana Matilde Gómez no actuó con dolo ni con intención de dañar a nadie. LA PRENSA/Archivo CONCLUSIÓN. En el informe del Colegio Nacional de Abogados se deja claro que Ana Matilde Gómez no actuó con dolo ni con intención de dañar a nadie. LA PRENSA/Archivo
CONCLUSIÓN. En el informe del Colegio Nacional de Abogados se deja claro que Ana Matilde Gómez no actuó con dolo ni con intención de dañar a nadie. LA PRENSA/Archivo

La Procuraduría de la Administración debió desestimar la querella contra Ana Matilde Gómez, ya que esta no incurrió en delito alguno. Hay jurisprudencia suficiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que da cuenta de que es necesaria una conducta dolosa para que se configure el hecho delictivo, y en este caso no la hubo.

Así concluye el informe presentado en marzo pasado por una comisión del Colegio Nacional de Abogados (CNA), que abordó el tema desde enero pasado, a petición de la junta directiva de ese gremio que preside Rubén Elías Rodríguez.

En el informe, los comisionados (los ex magistrados Carlos Lucas López y Esmeralda de Troitiño, y el ex presidente y ex diplomático, Aristides Royo) advierten que, en los hechos descritos en el expediente, “no se aprecia dolo ni intención deliberada de causar daño a una persona”, por lo cual la querella debió desestimarse.

Los abogados analizaron la decisión de la CSJ del 17 de junio de 2007, que declaró inconstitucional la resolución en la que Gómez autorizó las escuchas dentro de un proceso seguido al entonces fiscal de La Chorrera, Arquimedes Sáez, en agosto de 2005, por el supuesto pago de una coima.

Citaron tres leyes que daban dicha competencia a la Procuraduría y luego a la Corte, y concluyeron que, en efecto, había una confusión sobre la materia, ya que antes del fallo de 2007 el Ministerio Público (MP) actuaba como la “autoridad competente” en materia de escuchas telefónicas.

Además, recalcaron que si bien la Corte declaró inconstitucional la resolución de Gómez que autorizó las escuchas dentro de un operativo a Sáez, en 2005, nunca advirtió que hubo dolo.

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