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BALANCE.EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA QUERÍA REFORMAR EL REGLAMENTO INTERNO.

Castillo incumplió la promesa

Ante las críticas a las prebendas de los diputados, el dirigente perredista había sugerido cambios.

Se aprobaron, entre otras leyes, reformas al Código Penal y el mes de las Sagradas Escrituras.

DIRECTIVA. Susana Richa de Torrijos, quien logró la derogatoria de la Ley Faúndes, Elías Castillo y Jorge Alvarado Real. DIRECTIVA. Susana Richa de Torrijos, quien logró la derogatoria de la Ley Faúndes, Elías Castillo y Jorge Alvarado Real.
DIRECTIVA. Susana Richa de Torrijos, quien logró la derogatoria de la Ley Faúndes, Elías Castillo y Jorge Alvarado Real.

Cuatro meses de sesiones no bastaron para que los diputados se pusieran de acuerdo para reformar el reglamento interno de la Asamblea Nacional.

La promesa de campaña del segundo período presidencial de Elías Castillo se frustró en la recta final de dicha legislatura. Los diputados decidieron, tras una maratónica sesión, enviar esta semana el proyecto a la Comisión de Credenciales para su discusión en primer debate, quedando así intactos sus privilegios.

Las franquicias telefónicas, los pasaportes diplomáticos y las exoneraciones de impuestos de automóviles, que en algunos casos fueron vendidas a terceros, seguirán vigentes hasta que se retome la discusión en las próximas sesiones ordinarias que se inician el 1 de septiembre.

La falta de consenso impidió que en el proyecto de reformas se incluyeran temas sensitivos, como la reelección por tercer período de Castillo o el restablecimiento de las partidas circuitales que añoran sus colegas. Ello, pese a que se dieron tres seminarios y dos reuniones de bancada ampliadas en las que Castillo habló de acuerdos.

Durante el período, que empezó el pasado 1 de marzo, se logró pasar una serie de polémicos proyectos, como el de las reformas al Código Penal, la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad o el mes de las Sagradas Escrituras.

Además, se enumera el proyecto 292, que dicta medidas para garantizar la seguridad ciudadana; la escogencia del Defensor del Pueblo y la designación del representante de la Asamblea ante la comisión fiscalizadora del proyecto de ampliación del Canal.

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