TRANSICIÓN.NORMA QUE CREÓ EL ‘BASILIO LAKAS’ TENDRÁ QUE SER MODIFICADA.

Centro vocacional de Colón pasa a manos del Mides

Problemas de seguridad y de infraestructura afectan a los 70 jóvenes que están recluidos.

Los vecinos del área temen por las constantes fugas de internos que se registran.

POBLACIÓN PENAL. En el centro permanecen detenidos 70 menores. POBLACIÓN PENAL. En el centro permanecen detenidos 70 menores.

POBLACIÓN PENAL. En el centro permanecen detenidos 70 menores.

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El centro Basilio Lakas, ubicado en la provincia de Colón, nació mal. Concebido como un centro vocacional para acoger a jóvenes con problemas de conducta y evitar que se convirtieran en delincuentes, terminó siendo un reclusorio para menores de 18 años condenados por diferentes delitos.

Comenzó a funcionar en 1978, y desde entonces, por la falta de un centro de cumplimiento en la provincia, el lugar se llenó de jóvenes delincuentes. Al final, la escuela vocacional desapareció, para dar paso a un reclusorio en el que conviven 70 internos.

Las precarias condiciones de seguridad del lugar son cuestionadas desde hace mucho tiempo. Uno de los críticos más duros ha sido el padre Allan McLellan de la Pastoral Penitenciaria de Colón y Kuna Yala, quien el 30 de junio de 2006 dijo que los jóvenes internos "han vivido por años en condiciones infrahumanas".

Entre sus denuncias destacan la falta de agua potable, de literas para acostarse, de duchas y sanitarios en las celdas, así como el hacinamiento.

En aquella ocasión, el sacerdote explicó que los menores solamente eran llevados a los sanitarios en las mañanas para que se bañaran e hicieran sus necesidades fisiológicas. El resto del día debían hacerlas en bolsas.

Maribel Serrano, quien era la directora del centro para esa época, aceptó la situación, y explicó que los problemas que afrontaban en el recinto tenían más de 20 años.

Seguridad

Otro de los graves problemas que tienen los directivos es la falta de custodios. Actualmente hay 22 que se dividen en grupos para trabajar durante las 24 horas de día, los 365 días del año, para cuidar a un promedio de 70 muchachos.

"Imagínese, con esta cantidad de jóvenes y con solamente cuatro custodios por turno, pueden aprovechar para evadirse", dijo en su momento el sacerdote McLellan.

Ayer, el presidente del patronato, José Ortega, reconoció que el problema de la seguridad ha sido "eterno", ya que cada vez que pedían policías para custodiar el centro les enviaban solo uno.

Ortega señaló que los vigilantes no tienen las herramientas necesarias. "Esta es un área muy apartada y lo que se requiere es de policías armados, porque los custodios tienen otro entrenamiento para trabajar con los detenidos", dijo .

Pero luego del anuncio de que el centro pasaría a manos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Melva Ramírez, funcionaria de la entidad, informó que próximamente se hará la convocatoria para sumar a otros 15 custodios al centro. Esto, según Ramírez, permitirá que el grupo que labora en el centro tenga turnos más adecuados y se garanticen sus períodos de descanso.

Según Ramírez, la titular del Mides, María Roquebert, hará la coordinación necesaria con la ministra de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher, para lograr que la Policía aumente las unidades que dan seguridad perimetral al centro.

Pero las mejoras en seguridad no fueron la única promesa hecha por la funcionaria del Mides. Dijo que ya se iniciaron los estudios para adecuar las instalaciones, lo que permitirá que la infraestructura sea cónsona con labores que se desarrollan en el centro.

El presidente del patronato, que rigió el centro hasta el viernes, dijo que la labor fue muy difícil porque muchas veces no se contaba con el apoyo gubernamental.

Dijo que durante el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, la partida de 300 mil dólares anuales, que por ley el Gobierno debía entregar al patronato, fue suspendida y no fue hasta la administración del presidente Martín Torrijos cuando se reinstauró.

Sin embargo, Ortega afirma que con una partida de 300 mil dólares al año se hacía muy difícil hacer frente a todas las necesidades del centro.

Ortega asegura que el Patronato cumplió su labor en beneficio de los menores y espera que, de ahora en adelante, las cosas funcionen mejor, pues la responsabilidad de atender a la población penal es obligación del Estado.

Vecinos asustados

El traspaso de la administración del centro es observado con detalle por los que residen cerca de él. Zaida de Badillo es una de las vecinas del área de Merceditas, y ella espera que el cambio mejore las condiciones de seguridad.

"Por años hemos pasado problemas por las constantes fugas que se dan en el lugar, pero esperamos que ahora se tome en cuenta este problema y se le ponga fin", indicó.

Badillo expresó que antes no sentían tanto temor pues lo más que veían era a los muchachos pasando por sus terrenos para escaparse, pero luego de la situación que ocasionó la muerte del interno, recientemente, las cosas se complicaron y ahora sienten que sus vidas están en peligro.

Esa incertidumbre la comparten los padres de los internos del centro, quienes también cifran sus esperanzas de que todo mejorará con la administración gubernamental.

Transición

Pero todo no está dicho. El viernes pasado apenas comenzó el período de transición, ya que aún está vigente la ley que creó el patronato y que estableció su autonomía.

Será necesario que se discuta una modificación a la norma, que permita que la administración pase definitivamente a manos del Mides.

CRONOLOGÍA DE INCIDENTES

29 DE JUNIO DE 2006: Dos menores condenados por homicidio y delitos contra el pudor se evaden del centro.

2 DE JULIO DE 2006: Jóvenes se amotinan y toman de rehén al custodio Raúl Cunningham.

5 DE JULIO DE 2006: Los internos protagonizan otra revuelta y en la acción varios menores logran evadirse.

28 DE AGOSTO DE 2006: Dos menores logran burlar la seguridad y escapar, pero son recapturados.

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