FACULTAD PARA INTERVENIR LLAMADAS.

Ceville rechaza poderes del Ministerio Público

Según el procurador Óscar Ceville, los funcionarios del Ministerio Público no son autoridad judicial.

Una opinión del procurador de la Administración, Óscar Ceville –en medio de un proceso de inconstitucionalidad seguido en la Corte Suprema de Justicia–, reabre el debate sobre la facultad constitucional del Ministerio Público para ordenar intervenciones telefónicas.

El caso tiene su génesis en la demanda interpuesta por Arquímedes Sáez contra una resolución del 17 de agosto de 2005, en la que la procuradora Ana Matilde Gómez autorizaba intervenir y grabar las llamadas hechas desde una serie de teléfonos que eran utilizados por el entonces fiscal en La Chorrera.

En ese momento pesaba sobre Sáez una denuncia por cobro de dinero para favorecer a un detenido, siendo sorprendido in fraganti el 20 de agosto de 2005 en su residencia, mientras recibía la suma acordada.

La acción de inconstitucionalidad, que tiene como magistrado ponente a Winston Spadafora, fue enviada a la Procuraduría de la Administración en busca de la opinión jurídica que fue emitida el 6 de febrero pasado.

En su vista, Ceville solicitó declarar inconstitucional la resolución de la procuradora Gómez, con el argumento de que el Ministerio Público no está facultado para autorizar este tipo de medidas, al no tratarse de una autoridad judicial.

Ceville alegó que las reformas constitucionales de 2004 establecieron que las comunicaciones privadas solo pueden ser interceptadas o grabadas por orden del Órgano Judicial y que el Ministerio Público no forma parte de ese Órgano del Estado.

La posición del Procurador provocó la reacción del Ministerio Público a través del secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rigoberto González, quien fue enfático en señalar que los agentes de instrucción del Ministerio Público sí son autoridad judicial.

Para respaldar su criterio, tomó mano de la Constitución y dijo que las atribuciones constitucionales del Ministerio Público aparecen reguladas en el título sobre la Administración de Justicia, y que la Carta Política le reconoce a los agentes de instrucción las mismas prerrogativas que tienen los jueces y magistrados del Órgano Judicial.

Es más, dijo, la Constitución le otorga al Ministerio Público la responsabilidad de perseguir los delitos, tareas que son parte de la función judicial.

"Cuando la Constitución habla de la Carrera Judicial, incluye al Ministerio Público, al igual que lo hace el Código Judicial al regular los cargos judiciales".

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