INVESTIGACIÓN DE FALLOS DE LA CORTE.

Colegio de Abogados no apoya denuncia

Mercedes Araúz de Grimaldo hizo un llamado a la Asamblea para que se modifique la Ley 59.

Mercedes Araúz de Grimaldo Mercedes Araúz de Grimaldo
Mercedes Araúz de Grimaldo

Las reacciones por las denuncias presentadas ante la Asamblea Nacional contra los magistrados de la Corte Suprema continúan. Ayer, la presidenta del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Mercedes Araúz de Grimaldo, explicó la razón por la que esa agrupación no apoyó la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil.

Las razones fueron profesionales, según aseguró Araúz de Grimaldo, porque la denuncia no se ajusta a los requisitos que exige la ley vigente.

Por tal razón, hizo un llamado a la Asamblea para que atienda el clamor de la sociedad, en el sentido de permitir, a través de una modificación de la Ley 59, las investigaciones de los funcionarios sin necesidad de presentar pruebas sumarias.

"Esa ley ha sido cuestionada, porque ha sido utilizada para cubrir impunidades", señaló.

La presidenta del CNA manifestó que la modificación de esa ley fue una recomendación que hicieron las agrupaciones que participaron en la Comisión de Estado por la Justicia y la misma no ha sido atendida por la Asamblea.

Inclusive -dijo- la preocupación principal que motivó la creación del Pacto por la Justicia, que fue atender la desconfianza en los magistrados de la Corte, no ha sido atendida, por lo que considera que es claro que no hay ningún interés de los diputados de investigar la denuncia presentada.

En tanto, Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que espera que la Asamblea Nacional acelere el proceso investigativo de la denuncia que presentaron.

Dijo que las pruebas sobre las denuncias están incluidas en el propio expediente del caso.

La denuncia es la consecuencia de los hallazgos de la auditoría realizada por la Alianza Ciudadana Pro Justicia, a seis fallos de la Corte mencionados públicamente por el magistrado Adán Arjona, como contradictorios de la legalidad.

El artículo 200 del Reglamento Interno de la Asamblea establece que ese Órgano del Estado podrá reunirse en sesiones judiciales, según lo establece la Constitución, por derecho propio sin previa convocatoria, para conocer de las acusaciones o denuncias a los funcionarios y juzgarlos si a ello hubiere lugar. Las sesiones judiciales podrán celebrarse en cualquier tiempo.

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