Consejo Provincial de Panamá

Concejales exigen pago de julio y agosto

Los representantes argumentan que su período fue cercenado por el Ejecutivo y la Asamblea, sin consultarles.

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PETICIÓN. La mayoría de los representantes votó a favor de reclamar ‘los salarios caídos’. PETICIÓN. La mayoría de los representantes votó a favor de reclamar ‘los salarios caídos’.
PETICIÓN. La mayoría de los representantes votó a favor de reclamar ‘los salarios caídos’.

Calladamente, sin que la sociedad lo advirtiera, los concejales de la provincia de Panamá estuvieron preparando los tambores de guerra.

Ayer, los sonaron en una reunión del Consejo Provincial de Panamá, organismo que en los últimos meses había estado dormido. Allí dijeron que llevarán un recurso a la Corte Suprema de Justicia para demandar que les paguen los meses de julio y agosto de este año. Argumentan que fueron elegidos por 60 meses y no por 58, como lo establece el recorte del período de gestión aprobado mediante la reforma constitucional de 2004.

Unos 80 representantes de corregimiento, de los 113 asistentes, aprobaron la medida. El presidente del Consejo Provincial, Carlos Pérez Herrera, representante de San Francisco, dijo que este fin de semana se reunirán la Coordinadora de Acción de Representantes, la Asociación de Alcaldes de Panamá y la Asociación de municipios y representantes de corregimiento de la provincia de Panamá, para preparar el documento.

“Esto no es un tema de plata, es un tema constitucional. El tiempo fue cercenado por el Ejecutivo y la Asamblea, sin consultarnos. Revisen lo que dicen sus credenciales, que indican que la gestión finaliza el 31 de agosto”, dijo ante el Concejo Javier Ortega, representante de Río Abajo, mientras que algunos vociferaban “queremos que nos paguen”.

Tanto Ortega como David Cáceres, alcalde de Arraiján, decían a los presentes que no exigen salarios, sino que reclaman el derecho de indemnización de sus dos meses perdidos por la reforma.

En tanto, Boris Ruiz, representante de San Carlos, dice que moralmente no debería ser, pero si la ley lo dispone, no se opondría. A Isidra González, de Burunga, le parece bien porque los que no se reeligieron quedarán desempleados. Añadió que, “Un representante da de su cartera al pueblo y nadie le reconoce eso”. Diputados de la Asamblea intentaron, sin éxito, incluir este pago en su Reglamento Interno.

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