PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÓN

Plantean regular fomento de imagen

Trece personas opinaron ayer sobre la iniciativa que pretende darle autonomía de recursos a los 78 municipios que tiene el país.

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Samir Gozaine, diputado del PRD, y el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán. Samir Gozaine, diputado del PRD, y el ministro de la Presidencia,  Álvaro Alemán.

Samir Gozaine, diputado del PRD, y el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán. Foto por: LA PRENSA/Ricardo Iturriaga

El procurador general de la Administración, Rigoberto González, propuso cambios en el proyecto de ley sobre descentralización pública, con el propósito combatir la vieja práctica de algunas autoridades de utilizar recursos públicos para sacarle provecho político.

El funcionario planteó que se agregue el artículo 135B, según el cual “queda prohibido el uso de cualquier nombre de autoridades, independientemente de su jerarquía y forma de elección o designación, para la promoción del mismo”.

Además, González sugirió incluir en el proyecto la participación ciudadana y la rendición de cuentas en el uso de los fondos que se asignará a los municipios.

González sustentó que con estos artículos se pretende “dejar las reglas claras” y así apartar la ejecución de proyectos municipales del proselitismo político. 

Si se aprueba el proyecto de descentralización pública, que desde ayer entró en una nueva etapa de consultas en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional, se distribuirán al menos $175 millones entre los 78 municipios que tiene el país a partir de enero de 2016.

Representantes de la sociedad civil organizada y el propio presidente de la República, Juan Carlos Varela, quien impulsa la propuesta, han solicitado a los gobiernos locales que eviten la utilización de los recursos públicos en política.

Las consultas al proyecto 234, que reforma la Ley 37 del 29 de junio de 2009, aprobada en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) y pospuesta  

en el de Ricardo Martinelli (2009-2014), continúan hoy

OPINIÓN

La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional acogió ayer a representantes de distintos sectores de la sociedad que opinaron sobre el proyecto de ley 234, que reforma la Ley 37 del 29 de junio de 2009 sobre la descentralización de la administración pública.

La discusión estaba prevista para las 10:00 a.m., pero empezó una hora después. Al principio solo estaban presentes cinco de los nueve diputados que integran la Comisión: Ana Matilde Gómez, independiente; Javier Ortega, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Héctor Valdés Carrasquilla, de Cambio Democrático; Luis Eduardo Quirós, del Partido Panameñista, y Felipe Vargas, del PRD. Más tarde se incorporaron Katleen Levy y Luis Barría, ambos del panameñismo.

CONSULTAS

Aunque inicialmente se informó ayer lunes de que se discutiría el proyecto en primer debate, la programación varió para darle paso a una nueva etapa de consulta. Fue así como en el Salón Azul del Palacio Legislativo se congregaron, por ejemplo, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán; el alcalde capitalino, José Isabel Blandón; el procurador de la Administración, Rigoberto González; representantes de corregimiento, alcaldes y diputados pertenecientes a otras comisiones legislativas.

En total, 13 personas emitieron comentarios y de acuerdo a lo que explicó el presidente de la Comisión, Javier Ortega, hoy y durante los próximos días seguirán escuchando a quienes quieran emitir comentarios sobre la propuesta que llegó al Legislativo de la mano del propio presidente de la República, Juan Carlos Varela.

González, por ejemplo, propuso que al proyecto se le incluyan dos artículos. Uno de ellos pretende prohibir el uso de nombres de autoridades, independientemente de su jerarquía y forma de elección o designación, para promover proyectos que se desarrollen con fondos públicos.

Es que con la propuesta de descentralización se contempla que los municipios reciban por lo menos $175 millones que serán repartidos a partir del 1 de enero de 2016, a razón de $500 mil para cada uno [son 78 municipios]. Y las alcaldías con grandes ingresos recibirán montos superiores, de acuerdo con su recaudación y población.

La otra propuesta del procurador de la Administración busca que la participación activa de la ciudadanía y la rendición de cuentas sean “requisitos indispensables en el proceso de programación, planificación y ejecución en los proyectos sectoriales que se ejecuten en los municipios”.

Algunos pidieron que se explique mejor la fórmula de cómo se distribuirían los fondos a los municipios. Otros solicitaron que se les hablara sobre los posibles conflictos que pudiesen surgir entre los representantes y alcaldes por el manejo de esos recursos.

Igualmente, se planteó la necesidad de esclarecer lo establecido en el artículo 42 de la iniciativa. El mismo reforma el artículo 112 de la Ley 37 de 2009 y que contempla que “el municipio tendrá la potestad del cobro del impuesto de bienes inmuebles ubicado en la circunscripción territorial del distrito…”.

Yakarta Ríos, de la Asociación Consumo Ético, por ejemplo, dijo que este artículo deja la puerta abierta a la posibilidad de que los municipios en busca de recaudar fondos necesarios para subsistir, incrementen los impuestos a los ciudadanos. Su argumento lo basa en que el proyecto no se limita ni establece hasta dónde o qué medidas podrán tomar los municipios para lograr recaudar los fondos.

SIN BANDERAS POLÍTICAS

“El proyecto de ley no porta banderas políticas, ya que la fórmula que se ha ideado en la ley responde a una concesión solidaria y proporcional, cuyo objetivo es darle respuestas a las comunidades”, dijo por su lado el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, quien reiteró que esta propuesta permite a las autoridades locales atender las necesidades de sus comunidades.

Ortega, el presidente de la Comisión, manifestó que esta iniciativa no busca beneficiar a “ningún partido político y menos reformar la ley fiscal”. Prometió que si el proyecto presentado por el Ejecutivo requiere modificaciones, ellos las realizarían. “Nada está escrito en piedra”, planteó.

LA POLÍTICA, EL TEMOR

Tanto el propio presidente Varela como voces de la sociedad civil organizada han solicitado a las autoridades locales que la propuesta de descentralización no sea usada con fines políticos. “(...) que estos fondos no se vayan a usar para campaña política, para proselitismo o para espacios políticos, sino para resolver los problemas de las comunidades”, dijo el mandatario.

La iniciativa establece la aplicación del control previo a través de la Contraloría General de la República a la ejecución presupuestaria de los municipios y juntas comunales.

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