CONTROVERSIA. MINISTERIO PÚBLICO ANALIZA A PASO LENTO EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN ESTE CASO.

Cornejo se prepara para defenderse

La fiscal contrató los servicios del ex magistrado Carlos Muñoz Pope para su defensa.

La decisión de denunciar a Cornejo se tomó en un pleno extraordinario en donde no estuvo presente Arjona.

ENFRENTAMIENTO. Dixon y Arjona (Der.) se han hecho duros señalamientos. Dixon informa que Arjona no acude a los plenos. Arjona le recuerda que fue su voto el que la llevó a ese puesto. ENFRENTAMIENTO. Dixon y Arjona (Der.) se han hecho duros señalamientos. Dixon informa que Arjona no acude a los plenos. Arjona le recuerda que fue su voto el que la llevó a ese puesto.
ENFRENTAMIENTO. Dixon y Arjona (Der.) se han hecho duros señalamientos. Dixon informa que Arjona no acude a los plenos. Arjona le recuerda que fue su voto el que la llevó a ese puesto.

La fiscal segunda Anticorrupción, Maribel Cornejo, se prepara legalmente para enfrentar, a partir de este lunes, la denuncia penal que le interpuso la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon, por supuestamente investigar a magistrados de ese órgano del Estado, sin tener las facultades legales correspondientes.

Para ello, Cornejo le dio poderes al abogado y ex magistrado suplente de la Corte Carlos Muñoz Pope.

De igual manera, pidió que se le declare impedida de seguir conociendo las sumarias, por las cuales se le acusa.

Mientras tanto, Rigoberto González, secretario general de la Procuraduría, informó que solo faltan "los últimos ajustes" para emitir la resolución, en la que se cita a la funcionaria a rendir indagatoria por los delitos de abuso de autoridad y de atentar contra la seguridad interna del Estado, ante el despacho de la procuradora Ana Matilde Gómez.

En tanto, González fue comisionado por Gómez para que abra una investigación disciplinaria interna por la denuncia del asistente de la Sala Cuarta de la Corte, Luiggi Colucci Polanco, según la cual se le negó copia de la declaración jurada que rindió en el despacho de Cornejo.

Otro aspecto que también será evaluado por el Ministerio Público es la petición de separación del cargo de Cornejo, también incluida en la denuncia interpuesta el pasado 10 de julio por la magistrada Dixon.

Al respecto, la procuradora Gómez señaló que por ser Cornejo una funcionaria con mando y jurisdicción a nivel nacional, esa petición debe ser remitida a la Sala Penal de la Corte, compuesta por los magistrados Graciela Dixon, Aníbal Salas y Esmeralda de Troitiño.

El abogado Florencio Barba Hart presentó esta semana una denuncia en la Asamblea para que los diputados investiguen a los magistrados de la Corte respecto del amparo de garantías que fallaron en 2004 en el proceso de Port Engineering Consultants Corp. (PECC), caso que propició la controversia actual.

Sobre esto, González señaló que aún la Asamblea no les ha solicitado el envío, si así lo considera, de la copia del expediente que instruía Cornejo.

GÉNESIS

Toda esta situación comienza con la publicación de una noticia en la edición del 20 de septiembre de 2006 del diario La Prensa, titulada "Ex magistrado recibió dinero".

La nota revelaba que a finales de julio de 2004, el Banco Nacional de Panamá le rebotó un cheque por 25 mil dólares al entonces magistrado César Pereira Burgos, deuda que le fue cancelada, el 2 de agosto de ese mismo año, por el ex ministro de Vivienda durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, Roosevelt Thayer.

Thayer dijo que se trataba de un préstamo a Pereira Burgos. Seguidamente, el 6 de agosto de 2004, con la ponencia de Pereira Burgos y con el aval del resto de los magistrados, el pleno de la Corte revocó una resolución calendada el 13 de noviembre de 2003, de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría, en la cual le cautelaba bienes a Pérez Balladares dentro del proceso que se le seguía por el caso PECC.

Una semana después de esa publicación, el abogado Alexis Sinclair presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigara posibles actos de corrupción en esta transacción bancaria.

A finales de 2006, la denuncia de Sinclair es remitida a la Fiscalía Segunda Anticorrupción, para que se investigaran "posibles actos irregulares en la emisión de un cheque, en la que se mencionaba a una persona que, para el momento de presentarse esta denuncia, ya no era magistrado de la Corte", señaló González.

En efecto, la magistratura de Pereira Burgos había sido declarada insubsistente por el Órgano Ejecutivo el 13 de octubre de 2004, tras aplicarle la denominada ley Faúndes.

ACCIONES DE CORNEJO

Luego de una serie de diligencias judiciales en el Banco Nacional de Panamá, la fiscal Cornejo pide a la secretaria general de la CSJ, el 14 de mayo de 2007, que le remita –"en calidad de préstamo"– el expediente del 6 de agosto de 2004, donde, a a través de un amparo de garantías constitucionales, la Corte, con Pereira Burgos como magistrado sustanciador, revocaba la decisión de la DRP y favorecía a Pérez B.

Para esa fecha, tres de los magistrados firmantes de ese expediente ya no eran parte de la Corte. Rogelio Fábrega Zarak y Pereira Burgos habían fallecido. El primero, en noviembre de 2004 y el segundo, el 3 de mayo de 2007. Arturo Hoyos, el tercero, había sido reemplazado en diciembre de 2005 al vencerse su período.

Sin embargo, los otros seis firmantes; Aníbal Salas, José Troyano, Adán Arjona, Alberto Cigarruista, Graciela Dixon y Jacinto Cárdenas (suplente), seguían siendo integrantes del pleno de la Corte.

Cornejo continuó su investigación y efectuó otras peticiones a la Corte; el 25 de junio de 2007 envió sendas citaciones a los asistentes de la Sala Cuarta, Luiggi Colucci Polanco y Samir Tejeira, para tomarles declaración jurada, concerniente a la decisión emitida por la Corte.

El avance de esa investigación siguió su curso y un día después, Cornejo exigió un informe de todo el trámite que se le dio a este expediente.

El 3 de julio de este año Samir Tejeira puso en conocimiento del magistrado Winston Spadafora las citaciones que la fiscal Cornejo le había enviado, en una nota en la que el funcionario judicial calificaba lo actuado como "un precedente peligroso" por ser una intromisión del Ministerio Público en las funciones de la Corte.

A pesar de ello, Colucci Polanco cumplió con la citación y rindió declaración jurada ante Cornejo el 4 de julio pasado, aun cuando el funcionario advirtió a la fiscal que "el hecho que motivaba su investigación era una decisión del Pleno de la Corte, la cual era final y definitiva, que no era dable cuestionarla".

Colucci -en informe enviado a Dixon- advirtió que además la fiscal Cornejo le negó su derecho a tener una copia de la declaración jurada que había rendido en ese despacho.

Ante esta situación, el pleno de la Corte, con la presencia de sus nueve integrantes, se reunió el 6 de julio de este año para analizar el caso. Tres días después en un pleno extraordinario se aprobó la decisión de presentar la denuncia. Solo el magistrado Arjona estuvo ausente en esta ocasión.

DIXON VS. ARJONA

A raíz de esta denuncia, surgió una polémica entre Arjona y Dixon.

El magistrado Arjona se opuso a la decisión de denunciar a Cornejo, indicando que consideraba que la funcionaria del Ministerio Público tenía las facultades para llevar esta investigación y que nunca se le consultó para presentar esta denuncia.

La presidenta de la Corte ripostó diciendo que Arjona era una persona que no controlaba sus emociones, porque en reiteradas ocasiones había intentado agredir física y verbalmente a sus colegas.

Dixon también denunció que Arjona incumplía con sus obligaciones de asistir al pleno y que todas estas acciones podrían terminar en sanciones o denuncias penales en su contra. Finalmente, Arjona rechazó las acusaciones de Dixon y las calificó de "ofensivas e injuriosas" y le recordó a la magistrada presidenta que fue él con su voto quien la llevó al puesto que actualmente ocupa.

UNA CRISIS SIN NOVEDADES

2 DE MARZO DE 2005: Hoyos, Spadafora y Salas acusan a Arjona de violar la independencia judicial.

3 DE MARZO DE 2005: Arjona acusa a tres magistrados de corrupción y manipulación de fallos.

4 DE MARZO DE 2005: Diferentes gremios piden la renuncia de los nueve magistrados.

5 DE MARZO DE 2005: Torrijos crea el Pacto de Estado por la Justicia para mejorar el sistema.

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