SUPUESTA COMPRA DE VOTOS.

La Corte anula proceso seguido a Enrique Garrido

La decisión recibió el voto en contra de los magistrados Adán Arnulfo Arjona y Esmeralda de Troitiño.

Enrique Garrido Arosemena Enrique Garrido Arosemena
Enrique Garrido Arosemena

La inmunidad legislativa vuelve a enfrentar a la cúpula de la administración de justicia en Panamá. En un fallo que contó con el apoyo de siete de los nueve magistrados, el pleno de la Corte Suprema de Justicia anuló el proceso por la supuesta compra de votos con recursos estatales durante los pasados comicios generales en la Comarca Kuna Yala, que involucró al actual diputado panameñista Enrique Garrido.

El fallo, sin embargo, contó con el voto opositor de los magistrados Adán Arnulfo Arjona y Esmeralda de Troitiño.

El caso tuvo su génesis en una denuncia presentada el 13 de mayo de 2004 ante la Fiscalía Electoral, por la distribución de cheques repartidos en el circuito a través de becas para supuestamente favorecer a los candidatos del oficialismo.

En mayo del año pasado, la Corte recibió de manos del Tribunal Electoral (TE) el referido proceso, luego de que este se abstuvo de conocerlo debido a que aparecía el diputado Garrido.

El TE basó su decisión en que las últimas reformas constitucionales de 2004 atribuyen a la Corte la facultad privativa de investigar y procesar a los miembros de la Asamblea.

De inmediato, la defensa de Garrido pidió a la Corte la nulidad del proceso debido a que, según adujo, la Fiscalía abrió una investigación a su cliente, que goza de inmunidad, sin pedir la autorización de la Asamblea y, luego de las enmiendas constitucionales, no remitió el caso a la Corte.

Tras compartir ese criterio, el pleno de la Corte, bajo la ponencia de Winston Spadafora, declaró nulo el proceso. Pero la la decisión tuvo sus opositores a lo interno en ese tribunal.

Arjona y Troitiño aseguraron, en sus respectivos salvamentos de voto, que no era necesario solicitar a la Asamblea autorización alguna para esclarecer la distribución de cheques repartidos en la comarca, debido a que no se trataba de un sumario iniciado en contra del diputado.

Esta nulidad, dijeron, es jurídicamente improcedente y deja en estado de franca impunidad los hechos denunciados, tras las elecciones de 2004.

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