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polémica. ABOGADA DE ATUNEROS OCUPA SECRETARÍA GENERAL.

Cuestionan nombramiento en la Arap

María Patricia Díaz, representante de los atuneros, labora en la Arap desde la semana pasada.

Ambientalistas y defensores del ecosistema marino costero se sienten engañados por el Gobierno.

José Arciajarcia@prensa.comCuando todavía los ambientalistas y defensores del ecosistema marino costero no se han recuperado de la derogación del artículo 11 de la ley de Coiba, un nuevo golpe los sorprende: el nombramiento de María Patricia Díaz en el cargo de secretaria general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap).

Díaz, abogada de profesión, es una de las representantes de la industria atunera en Panamá e internacionalmente. La abogada integra el cuerpo de comisionados de Panamá ante la Comisión Interamericana del Atún Tropical y aparece como tesorera en la sociedad denominada Granjas Atuneras de Panamá, empresa que desarrolla una granja atunera en el golfo de Chiriquí .

Para el abogado ambientalista Leslie Marín, su nombramiento ha sido la “mayor desfachatez” del Gobierno.

Luis López Alfaro, directivo de la Asociación de Clubes de Pesca Deportiva, tildó el nombramiento de Díaz como una “falta de respeto” del presidente Martín Torrijos hacia la sociedad civil.

Ambos coinciden en que el Gobierno busca “proteger intereses” de particulares.

“Es claro que la intención es beneficiar a los atuneros y a los extranjeros, y que los intereses de los panameños no importan”, dijo López.

“Cada vez son más evidentes las verdaderas razones por las cuales se derogó el artículo 11 de la ley de Coiba”, expresó Marín. Dicho artículo creaba una zona de exclusión en el Pacífico panameño, en la que se prohibía la utilización de redes de cerco para la pesca de atún.

La norma, que existió desde 2004, fue derogada en junio pasado por la Asamblea Nacional mientras se aprobaba un proyecto de ley sobre comercio marítimo que el pasado 7 de agosto se convirtió en la Ley No. 55 de 6 de agosto de 2008, tras su publicación en Gaceta Oficial.

López pidió ayer al mandatario Torrijos restituir la zona de exclusión, a través de un decreto ejecutivo para “acabar con esta polémica”. Marín le recordó al Gobierno que el nombramiento de Díaz viola el Código de Ética que aprobó Torrijos en diciembre de 2004, porque ella será “juez y parte”.

Ayer se intentó conocer una opinión del administrador de la Arap, Reynaldo Pérez Guardia, pero no fue posible localizarlo. Lo mismo ocurrió con Díaz. Pérez Guardia ha dicho que el artículo 11 de la ley de Coiba será restituido, pero con modificaciones para permitir la pesca de redes de cerco por excepción.

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