entrevista con Oscar vargas

La DRP tramitó 2 mil 221 casos

Tras 19 años de vigencia, la DRP desaparecerá el próximo 14 de enero. Nace la nueva jurisdicción de cuentas.

LABOR. La DRP ha recuperado $46 millones en bienes estatales desviados a otros fines. LA PRENSA/Jorge Fernández LABOR. La DRP ha recuperado $46 millones en bienes estatales desviados a otros fines. LA PRENSA/Jorge Fernández
LABOR. La DRP ha recuperado $46 millones en bienes estatales desviados a otros fines. LA PRENSA/Jorge Fernández

Oscar Vargas, magistrado presidente de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) de la Contraloría General de la República, explica cómo funcionará el nuevo Tribunal de Cuentas (TC) y parte de la labor que ha realizado la DRP desde su creación, con carácter provisional, en 1990.

Con la aprobación del TC en la Asamblea Nacional se cumple con lo dispuesto en los artículos 280, numeral 13 y 281 de la Constitución Política de Panamá y con el artículo 36 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

El TC se encargará de juzgar las lesiones patrimoniales derivadas de las irregularidades que encuentre la Contraloría a las cuentas de los empleados y agentes en el manejo de fondos y bienes públicos. Se trata, según Vargas, de un “sistema de protección y defensa de la Hacienda Pública”.

La DRP culmina sus funciones el 14 de enero de 2009 y ese mismo día finalizan sus labores los tres magistrados y funcionarios de la institución. De acuerdo con la ley, el TC, que empieza a regir el 15 de enero de 2009, contará con una Fiscalía de Cuentas (FC), que se encargará de la instrucción sumarial (diligencias practicadas para investigar un delito), de los reparos que realice la Contraloría. Las dos instancias tendrán un presupuesto de 2.3 millones para 2009.

¿Cómo estará estructurado el TC?

El TC será una instancia única e independiente en lo funcional, administrativo y presupuestario, que tendrá competencia nacional y sede en la capital. Contará con tres magistrados y sus respectivos suplentes, así como el número de funcionarios que requiera. La Sala de Acuerdos del TC podrá crear juzgados de cuentas permanentes o temporales.

Con la ley también se crea la Fiscalía de Cuentas, conformada por un fiscal de cuentas y un suplente, nombrados por el Ejecutivo y ratificados por la Asamblea por 10 años.

¿Cómo se elegirán los nuevos magistrados?

Los tres magistrados serán nombrados, uno por el Órgano Legislativo (por 10 años), otro por el Órgano Ejecutivo (por ocho años) y otro por la Corte Suprema de Justicia (por seis años), en un primer período, para garantizar los nombramientos escalonados. Los magistrados y suplentes deberán cumplir con los mismos requisitos para ser magistrados de la Corte y tendrán las mismas prerrogativas.

¿Cuáles son los principales cambios que conlleva la creación del TC?

Uno de los cambios más significativos es la conformación de dos nuevas entidades (TC y FC), que junto con la Contraloría velarán por la defensa y protección del patrimonio público. La Contraloría se ocupará de fiscalizar y controlar el uso de los bienes y fondos públicos; de llevar las estadísticas. Las funciones de investigar y juzgar las lesiones patrimoniales competen al TC y a la FC. Con esto se fortalece la institucionalidad.

Con la nueva legislación se respeta más el debido proceso, porque el acusado tendrá derecho a ser oído y a presentar pruebas.

También hay una garantía de que el acusado o cualquier particular pueda acceder a los expedientes de los casos resueltos haciendo una petición al TC, el cual brindará la información en un término de cinco días. Actualmente la ley vigente -decreto 56 de 1990- no permite que un servidor público o un particular tenga acceso a esos documentos.

Otro cambio es que cualquier persona podrá conocer los casos resueltos, ya que habrá, en un libro denominado Registro Oficial, que reposará en el TC y que será de consulta para el público, muy parecido al Registro Judicial que está en la Corte.

¿Cuál es la diferencia entre la DRP y el TC?

La DRP se encarga de juzgar y enjuiciar a los servidores públicos y particulares que lesionen el patrimonio del Estado, pero funciona en coordinación con la Contraloría, que tiene una dirección de Auditoría General que hace las investigaciones de las lesiones patrimoniales. Esto es lo que haría la FC.

Hoy día, cuando la Contraloría detecta que hay lesión patrimonial, la Auditoría General inicia las investigaciones, y cuando tiene el “informe de antecedentes” lo remite a la DRP para juzgar la lesión. Esa información debe remitirse como un informe de auditoría al Ministerio Público. Ahora habrá un ente investigativo (FC) y uno que delibera (TC).

¿Cuántos casos ha resuelto la DRP ?

En los últimos 18 años se han tramitado 2 mil 221 casos, se han resuelto mil 885 y 336 están en trámite. El monto al que ascienden las lesiones patrimoniales es de 88 millones 285 mil 996 dólares con 52 centésimos, de los cuales se han recuperado unos 46 millones.

¿Por qué no se conocen los casos de la DRP?

Sí damos la información, lo que no podemos dar son los detalles de las pruebas de los procesos porque el artículo 11 del decreto 65 del 23 de marzo de 1990 dice que solo pueden tener acceso a los expedientes las partes y los que demuestren un interés legítimo. Además, la ley de transparencia establece que los procesos de la DRP son restringidos. Pueden ver esos expedientes las partes interesadas, sus apoderados, los abogados en general, por razón del ejercicio de su profesión, personal del Ministerio Público o del órgano Judicial o quienes sean autorizados para ello por un juez o magistrado.

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