ÁMBITO CIVIL.TRAGEDIA DEL BUS 8B-06.

Demandarán al Estado y a empresas

Abogados de los agraviados no revelaron el monto de la demanda, que incluye además a dos empresas.

La tragedia ocurrió el 23 de octubre de 2006. La tragedia ocurrió el 23 de octubre de 2006.
La tragedia ocurrió el 23 de octubre de 2006.

Una demanda civil contra el Estado y dos empresas privadas, por daños y perjuicios físicos y sicológicos, formularán la semana entrante familiares de por lo menos 10 de las víctimas fatales y lesionadas del incendio en el bus 8B-06, ocurrido el 23 de octubre de 2006 en la vía Martín Sosa y durante el cual murieron 18 personas carbonizadas.

Abogados de dichos familiares precisaron que en lo que respecta al Estado, la demanda involucra la actuación de directivos del Banco Nacional de Panamá –que financiaron la adquisición del bus siniestrado– y de la Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre, encargadas de otorgar los permisos de circulación al referido vehículo.

En cuanto a las empresas privadas, precisaron que se trata de la corporación F. Icaza y Cía, S.A., empresa que importó el bus 8B-06 y otros del mismo modelo, y de Distribuidora David, responsable de parte del mantenimiento del ve-hículo, especialmente del sistema de aire acondicionado.

En el expediente penal –dijeron los abogados– hay suficiente caudal probatorio que acredita niveles de responsabilidad tanto de los directivos del Banco Nacional de Panamá y de la Autoridad del Tránsito, como de las dos empresas privadas referidas.

De allí, indicaron, que la fiscal primera de circuito Cristina Cedeño señalara en su dictamen del caso, que hay pruebas suficientes como para que se investigue la supuesta comisión de delitos contra la seguridad colectiva y contra la administración pública, y en tal sentido sugirió al Juzgado Primero de Circuito remitir copias del expediente a la esfera jurisdiccional que compete en estos casos.

De acuerdo con los abogados de las víctimas, ahora también procede la demanda civil, cuyo monto, sin embargo, no quisieron revelar.

El juez primero de circuito, Rolando Quesada Vallespi, fijó para el 13 de diciembre próximo la audiencia preliminar del caso penal.

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