DESCONTENTO. INDÍGENAS PROTESTAN EN RECLAMO DE SUS DERECHOS.

Derechos indígenas ¿en letra muerta?

El derecho de los indígenas a disponer de su territorio está consagrado en varios países latinos, aunque su observancia está sujeta a interpretaciones conflictivas.

LEY. Mujeres agricultoras de Perú. Ese país reconoce la diversidad cultural y participación política de las comunidades nativas y campesinas, no de los pueblos indígenas. IPS/Milagros Salazar LEY. Mujeres agricultoras de Perú. Ese país reconoce la diversidad cultural y participación política de las comunidades nativas y campesinas, no de los pueblos indígenas. IPS/Milagros Salazar
LEY. Mujeres agricultoras de Perú. Ese país reconoce la diversidad cultural y participación política de las comunidades nativas y campesinas, no de los pueblos indígenas. IPS/Milagros Salazar

En las últimas dos décadas, América Latina avanzó en la firma de instrumentos internacionales y nacionales para reconocer y proteger derechos de los indígenas. El problema es que no los cumple, reavivando la llama de la protesta.

Para los indígenas, el territorio está asociado al alimento vital, a la forma en que ven el mundo, la cultura y herencia de los antepasados, y a la que dejarán a sus hijos.

México, Colombia, Ecuador y Perú ratificaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en 1989 para garantizarle los derechos territoriales, sociales, culturales y económicos a los indígenas.

Todos, menos Colombia, votaron en 2007 la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ese país adujo problemas de seguridad nacional: el documento recomienda no desarrollar actividades militares en territorio indígena. Si la hay, la etnia debe ser consultada.

Pero el mayor vacío en Colombia, dice el senador colombiano Jesús Enrique Piñacué, de la Alianza Social Indígena, es que “el Estado no consulta con los indígenas las normas que podrían afectarlos, como aprobar inversiones en sus tierras”. Por eso, indica, desde el 12 de octubre los indígenas protagonizan una movilización en reclamo de sus derechos.

En ese país, la guerra mata a un indígena cada 53 horas, y desde 2002 54 mil han sido expulsados de sus tierras, según la Organización Indígena de Colombia.

La Constitución colombiana de 1991 reconoció a las poblaciones nativas como autónomas con derecho a la propiedad colectiva de su tierra, y a mantener su lengua, fe y formas de justicia.

En Perú, los indígenas protagonizaron protestas en agosto para exigir la derogación de varios decretos que promueven la inversión privada en sus tierras. El Gobierno sostiene que el Convenio 169 no da a la comunidad derecho a vetar actividades que se hagan en su tierra. Por eso, solo establece como consulta talleres informativos sobre concesiones ya consumadas.

Perú impulsó la Declaración de la ONU, pero ahora enfatiza en su carácter no vinculante. El documento dice que las Naciones Unidas y los Estados “promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones”, lo que dista de ser una disposición obligatoria.

La Constitución peruana de 1993 reconoce la diversidad cultural y la participación política de los aborígenes, pero se refiere a comunidades nativas y campesinas, que ocupan 55% de las tierras, y no a pueblos indígenas, lo que implicaría reconocerlos más allá de una delimitación territorial.

Ecuador, mientras, consiguió avances a pulso. Desde el levantamiento del Inti Raymi, en 1990, dirigido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el movimiento indígena es un actor clave.

Los diputados que llegaron al Congreso por el Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik gestionaron la ratificación del Convenio 169 en 1997 y, en 1998, el reconocimiento constitucional de la consulta a las comunidades antes de iniciar la explotación de recursos naturales en sus territorios.

Este año, con la nueva Constitución, Ecuador se declaró Estado plurinacional e intercultural y ya no solo multiétnico. El 35% de la población es aborigen, según las organizaciones nativas. Sin embargo Luis Macas, ex presidente de la Conaie, dijo que en la nueva Constitución debería haberse establecido el consentimiento, no la consulta: “así el Gobierno se vería obligado a cumplir”.

Las comunidades anuncian un levantamiento si se inicia una explotación minera en sus territorios, pero el presidente Rafael Correa insiste en que los planes permitirán obtener recursos para el desarrollo social de los nativos.

En 1990, México fue uno de los primeros países en ratificar el Convenio 169, pero sus medidas “no han aterrizado en la realidad frente a los problemas gigantes y ancestrales” pendientes, dijo Matías Trejo, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México.En la Constitución de 2001 se reconoció “la composición pluricultural”, sustentada en pueblos “que conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas”.

Pero el Estado sigue siendo el que determina qué hacer con los territorios de las 62 etnias de México.

Panamá: autonomía y realidad

Panamá es uno de los países de América donde los indígenas, al menos en el papel, gozan de mayor autonomía territorial garantizada por la ley. Las diversas comarcas son prueba de ello: la comarca Ngöbe Buglé, creada por la Ley 10 de 1997. Las tres comarcas Kunas: la de Kuna Yala, creada por la Ley 16 de 1953, la de Madungandi, por la Ley 24 de 1996, y la de Wargandi, por la Ley 34 de 2000. Y por último la comarca Emberá-Wounaan, en Darién, creada por la Ley 22 de 1983.

No toda la población indígena está dentro de las comarcas y algunos grupos no las poseen, como los nasos. La migración causada por la marginación provoca que 47% de los indígenas viva fuera de estos territorios autónomos. Otros grupos, exigen por su parte la legalización de lo que designan como tierras colectivas. En la mayoría de las comarcas hay gran presión por la explotación de sus recursos naturales por parte de no indígenas.

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