Diputado Varela justifica por qué no incluir a empresas corruptas en ley de contrataciones públicas

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José Luis 'Popi' Varela, diputado panameñista. José Luis 'Popi' Varela, diputado panameñista.

José Luis 'Popi' Varela, diputado panameñista. Foto por: LA PRENSA/Archivo

El presidente de la comisión de Economía, el diputado Miguel Salas. El presidente de la comisión de Economía, el diputado Miguel Salas.

El presidente de la comisión de Economía, el diputado Miguel Salas. Foto por: Luis García

El diputado panameñista José Luis Varela justificó por qué no se incluyó en una lista de inhabilitación a las empresas internacionales que tengan condenas en el marco de la discusión al proyecto de ley 305 de reformas a la Ley 22 de 2006 que regula las contrataciones públicas.

A través de su cuenta de Twitter, horas antes del tercer debate de esta iniciativa, el hermano del presidente de la República comentó:

En el día de ayer, por 38 votos en contra, 6 a favor y 5 abstenciones, el pleno legislativo rechazó la propuesta que buscaba inhabilitar en los contratos con el Estado a las empresas extranjeras condenadas en el exterior por actos de corrupción. 

No obstante, el pleno aprobó la propuesta del Ejecutivo que establece que a las empresas extranjeras condenadas en Panamá se les cancelarían los contratos con el Estado.

El proyecto fue aprobado finalmente en segundo debate a eso de las 9:10 p.m.

Diputados del oficialista Partido Panameñista, de Cambio Democrático (CD), del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y del Molirena se apegaron a la línea del Ejecutivo para rechazar las propuestas de modificación que buscaban la inhabilitación de contratar con el Estado a empresas condenadas en el extranjero por la comisión de delitos o actos de corrupción.

Igualmente, luego de rechazar estas propuestas, estas bancadas políticas aprobaron anoche en segundo debate el proyecto 305 de reformas a la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas.

POLÉMICA PROPUESTA

Tres propuestas presentadas no lograron pasar para modificar el polémico artículo 10 original del proyecto 305 impulsado por el Ejecutivo. Este artículo hace referencia a que solo se inhabilitará para contratar con el Estado a empresas nacionales o extranjeras condenadas en territorio nacional por corrupción y otros delitos.

Las propuestas, todas negadas, buscaban la inhabilitación de contratar con el Estado a empresas condenadas en el extranjero por la comisión de delitos o actos de corrupción.

Estas mociones fueron suscritas por los diputados Ana Matilde Gómez (independiente), José Antonio Domínguez (panameñista), Juan Carlos Arango (Partido Popular) y los perredistas Leandro Ávila, Javier Ortega, Iván Picota, Néstor Guardia y Zulay Rodríguez.

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