CONTRABANDO.

Directivos del PLN definirán futuro de Alba

Según los estatutos del partido, el político podría enfrentar la revocatoria de mandato o la expulsión.

Diputado Rogelio Alba. Diputado Rogelio Alba.
Diputado Rogelio Alba.

La junta directiva del Partido Liberal Nacional (PLN) se reunirá hoy para analizar el futuro del diputado indígena Rogelio Alba, quien fue retenido el pasado viernes, en Colón, con un posible cargamento de licor y cigarrillo de contrabando.

Carlos Orillac, secretario de proselitismo del PLN, explicó que la junta directiva –integrada por 15 miembros– pedirá al Tribunal de Honor y Disciplina del colectivo que cite al diputado Alba para que haga sus descargos y se le apliquen las sanciones que correspondan.

"Se trata de una actitud censurable... y si las autoridades determinan que no hubo delito, el partido debe aplicar una sanción", sentenció Orillac.

También se informó que los convencionales de Kuna Yala por el PLN se reunirán para analizar el caso. "Están molestos porque Alba aseguró que los artículos confiscados eran para hacer donaciones en su comunidad", explicó Orillac.

De acuerdo con los estatutos del PLN, entre las sanciones que se le podrían aplicar a Alba están la amonestación verbal y escrita, la revocatoria de mandato o la expulsión.

Mientras, la diputada del partido Solidaridad Mireya Lasso calificó de "bochornoso" lo sucedido.

Según la diputada, la acción de Alba constituye un nuevo golpe negativo a la imagen del Órgano Legislativo, porque "merma la credibilidad maltratada con tantas situaciones y cuestionamientos".

Con este planteamiento coincidió el diputado panameñista Luis Carlos Cleghorn, aunque agregó un ingrediente político adicional: "creo que lo sucedido al diputado Alba es un pase de factura por no votar en favor de la reforma a la Caja de Seguro Social", apuntó.

Por su parte, el diputado oficialista Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Credenciales, explicó que el reglamento interno de la Asamblea no establece sanciones para este tipo de acto, y que al tratarse de un delito común, la denuncia debe presentarse ante la Corte Suprema.

En cuanto a la discusión del proyecto que reforma este reglamento, Robinson aseguró que no existe voluntad política de parte de los miembros de la comisión. "Son más de 320 artículos y solo hemos discutido alrededor de 60", puntualizó.

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