INCLUSIÓN. AUTORIDADES INSPECCIONAN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Discapacitados piden adecuar accesos

El Teatro Nacional, la iglesia de San Francisco de Asís y otros edificios del Casco Antiguo no cumplen la ley.

La Defensoría del Pueblo recibe denuncias contra administradores de inmuebles que no acatan la norma.

La Asociación Panameña de Discapacitados (Apadi) exhortó a las autoridades y a la empresa privada a que tomen conciencia de la necesidad que tienen muchos panameños con problemas de locomoción o visuales, y procuren adecuar las aceras y entradas a edificios y comercios para que ellos puedan tener un fácil acceso.

Miembros de este gremio realizaron una visita al Teatro Nacional, la Iglesia de San Francisco de Asís y otros sitios públicos en el Casco Antiguo de la ciudad, para demostrar que no cuentan con las adecuaciones arquitectónicas que les permitan ingresar con facilidad y realizar sus actividades como el resto de la población.

Olga Selles, de la Dirección para la Protección de Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, en compañía de Jessica Velasco, de la Defensoría del Pueblo, Rafael Pittí, de la Autoridad del Tránsito, y Edgar Vallejos, del Comité Antibarreras de Apadi, se entrevistaron con María Herrera, asistente de la administración del Teatro Nacional, con quien realizaron un recorridopor el local.

Durante este, encontraron que no existen rampas de acceso para ingresar en sillas de ruedas, tampoco para ingresar a los pisos superiores cuando se programan eventos. En los baños también se comprobó la falta de pasamanos, mientras que en la calle faltan espacios para estacionar vehículos de discapacitados.

Herrera explicó que la administración del teatro mantiene una serie de rampas móviles y desarmables para los eventos, pero no puede responder por los estacionamientos, debido a que el área histórica es muy reducida.

Otro tanto encontraron los visitantes en el templo católico. Se tuvo en cuenta que estos edificios pertenecen al Casco Antiguo y por su antigüedad no tienen las adecuaciones arquitectónicas necesarias.

Sin embargo, dejaron claro que la Ley 48 de 1999, por la cual se establece que los administradores de edificios públicos, sea del Estado o particulares, deberán adecuar sus accesos y eliminar barreras arquitectónicas en favor de personas con discapacidad.

Velasco explicó que la Defensoría realiza visitas en diferentes sectores de la ciudad para detectar los edificios con estas deficiencias, y recibe las denuncias contra los administradores de edificios que, a pesar de haber sido notificados, han hecho caso omiso al cumplimiento de la ley.

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