CORTE SUPREMA. TRANSPARENCIA INTERNACIONAL PIDE ACCIONES CONTUNDENTES A LA ASAMBLEA NACIONAL.

‘Existe un pacto de no agresión’

La titular del organismo de transparencia calificó de ‘muy grave’ la denuncia contra Winston Spadafora.

El vicepresidente de la Comisión de Credenciales informó que en dos semanas podrían tratar la denuncia.

Elías Castillo, PRD. Elías Castillo, PRD.
Elías Castillo, PRD.

La historia de la Comisión de Credenciales de la Asamblea no ayuda. Por eso, ayer la presidenta ejecutiva de Transparencia Internacional, Angélica Maytín Justiniani, salió a marcar la cancha. "La denuncia presentada por el secretario general de la Autoridad Marítima de Panamá, Carlos González De La Lastra, nos parece muy grave y apelamos a la Comisión de Credenciales para que ejerza su función y realice las investigaciones pertinentes; ellos son los únicos que pueden hacer algo al respecto", dijo en diálogo con este diario.

González De La Lastra acusó al magistrado Winston Spadafora y a su suplente Jacinto Cárdenas de tener vínculos comerciales con el empresario Jean Figali. Las siete demandas que presentó el Gobierno en la Corte para evitar que el empresario continúe el relleno de su marina en la calzada de Amador, salieron a favor de Figali. Y todas con las firmas de Spadafora o Cárdenas.

El vicepresidente de la Comisión de Credenciales, Raúl Rodríguez (PRD), informó que los diputados podrían entrar a discutir el escrito en dos semanas, una vez se cumplan los procedimientos legislativos.

"Si la denuncia tiene sustento, será admitida", dijo el diputado. "Sino va a pasar lo mismo que pasó con las anteriores: se rechaza", agregó.

La decisión ahora se encuentra en manos de la Comisión. Y para Maytín Justiniani esa no es una buena noticia. "La opinión pública percibe que existe una especie de ‘pacto de no agresión’ entre la Asamblea y la Corte, ya que históricamente no prosperan las denuncias que se interponen contra los magistrados en la Asamblea ni cuando los diputados son denunciados ante la Corte", dijo.

Spadafora tiene en sus manos una demanda que presentó Figali contra el Estado por 850 millones de dólares.

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