Marina.desde octubre de 2006 se ordenó, sin éxito, retirar el relleno en amador.

Figali culpa de su ‘deterioro’ a la AMP

Grupo F. acusa a la Autoridad por el ‘empobrecimiento’ en el patrimonio de su presidente.

Las acciones de la entidad, dice, habrían afectado al Panama Canal Village, y alejaron a los inversionistas.

PRIVILEGIO. Grupo F. está en Amador, en una de las zonas de mayor potencial turístico del país. Le debe al MEF casi 14 millones de dólares en arriendos. PRIVILEGIO. Grupo F. está en Amador, en una de las zonas de mayor potencial turístico del país. Le debe al MEF casi 14 millones de dólares en arriendos.
PRIVILEGIO. Grupo F. está en Amador, en una de las zonas de mayor potencial turístico del país. Le debe al MEF casi 14 millones de dólares en arriendos.

Grupo F. Internacional reconoce que su imagen está “deteriorada”. Y la culpa de eso la tiene, según el Grupo F, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Por eso, alguien tiene que pagar.

El lunes llegó al despacho del administrador de la AMP, Fernando Solórzano, una copia de la demanda contencioso administrativa que, en contra del Estado panameño, presentó Grupo F. en mayo pasado.

En ella se reclama una indemnización de 261 millones de dólares por supuestos daños causados por las “omisiones, descuidos, deficiencias e interpretaciones malintencionadas” por parte de la AMP. En la demanda no se indica cuánto dinero se invirtió en los proyectos malogrados.

El Grupo acusa a la AMP por el daño moral y el “empobrecimiento” del patrimonio de su presidente, Jean Figali. Además, culpa a la Autoridad por la pérdida de inversionistas, y por el “deterioro” de la imagen del proyecto a nivel nacional e internacional.

Compromisos incumplidos

Según Grupo F., el origen de todas sus diferencias con la AMP está en que la Autoridad no cumplió con su obligación de tramitar una adenda a un contrato de concesión de fondo de mar con el Grupo, que data de 2001.

La adenda modifica las coordenadas del área concesionada. Esto –alega el querellante– afectó la construcción de una marina, una terminal de cruceros, un helipuerto y un club de playa, que eran parte del proyecto Panama Canal Village y Boulevard Alta Moda.

Ambos proyectos se desarrollarían sobre tres parcelas concesionadas a la hoy extinta Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), en Amador. Figali así logró instalarse en una de las áreas de mayor potencial turístico del país, sin pagar: al 31 de julio de 2008 debía al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) más de 13.8 millones de dólares en arriendos.

Según la demanda, en esas parcelas se construirían un hotel con más de 300 habitaciones, casinos, plaza de restaurantes, una réplica en miniatura del Canal, un parque temático sobre la fiebre del oro de California y un boulevard con 120 boutiques de famosas marcas europeas, como Gianfranco Ferré y Ermenegildo Zegna.

Al final, no abrió en el lugar ni un Todo a Dólar. Cuando el ex administrador de la ARI Julio Ross intentó rescindir el contrato de una de las parcelas, Figali lo impidió, llevando el caso a la Sala Tercera de la Corte Suprema. Desde el 26 de octubre de 2006, la AMP –a través de quien entonces era su administrador, el vicepresidente Rubén Arosemena– le ordenó a Figali suspender los trabajos de la marina y retirar todo el relleno del lugar.

Arosemena alegó entonces que los trabajos que se realizan, no corresponden con la marina aprobada en el contrato de concesión. La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) le daría la razón a Arosemena: lo que construye Grupo F. no es una marina, sino un relleno adosado a tierra firme, “con un diseño que no parece apegarse al aprobado dentro del estudio de impacto ambiental y la resolución de aprobación del mismo”. Por este caso, se abrió una investigación administrativa por posibles daños al ambiente.

Como Figali no le hizo caso, el 22 de mayo de 2007 Arosemena insistió en la suspensión de los trabajos, informando además sobre la apertura del proceso para rescindir los contratos de concesión.

Figali, empero, continuó rellenando, hasta ahora.

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