'offshores'

Riccardo Francolini y sus nexos en el Caribe

Siendo servidor público, en octubre de 2009, manejó una sociedad en Bahamas inscrita por la firma Mossack Fonseca.

En octubre de 2009, pocos meses después de que Martinelli llegó al poder, las 500 acciones al portador de esta sociedad fueron transferidas a Riccardo Francolini y a su esposa, Iraida García.

En enero de 2015, Mossack Fonseca renunció como agente residente de las dos compañías. La decisión se habría producido por recomendación del Departamento de Cumplimiento de la firma, que concluyó que Francolini era una persona políticamente expuesta (PEP).

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Riccardo Francolini, un servidor público en el gobierno de Ricardo Martinelli, tuvo compañías en Mossack Fonseca sin estar clasificado como una PEP. Riccardo Francolini, un servidor público en el gobierno de Ricardo Martinelli,  tuvo compañías en Mossack Fonseca sin estar  clasificado como una PEP.
Riccardo Francolini, un servidor público en el gobierno de Ricardo Martinelli, tuvo compañías en Mossack Fonseca sin estar clasificado como una PEP. Tomado de Internet

Cuando Ricardo Martinelli llegó al poder en 2009, trajo a Riccardo Francolini con él. Como en toda buena relación, el amigo cercano fue ubicado en puestos estratégicos por el exmandatario.

Fue nombrado presidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros y se colocó en el tablero de control que supervisó las operaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde se desempeñó como vicepresidente.

Siete años más tarde, ambas instituciones están plagadas de acusaciones por supuesta mala gestión financiera y corrupción durante la administración Martinelli, y que hoy son objeto de investigaciones y auditorías.

El amigo de Martinelli no solo figura en esos señalamientos. Su nombre también ha salido a relucir en la investigación realizada a la firma legal panameña Mossack Fonseca (MF), a través de documentación obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con La Prensa y más de 100 medios de comunicación a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Según los documentos, Francolini sería beneficiario final –siendo el propietario del 100% de las acciones– de una sociedad de Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés), llamada Jamefield Investment, Inc., constituida en julio de 2014, justo cuando el gobierno de Martinelli dejaba el poder.

En el informe de adquisición de la sociedad, se habría reportado que Francolini manejaría ingresos provenientes de “ahorros personales y ganancias comerciales”, sin dar mayores detalles que justificaran su procedencia.

Esta sería la segunda empresa offshore constituida a su nombre, a través de MF, en la que aparece como beneficiario. La primera fue Gladden Corporation, creada en Bahamas, en 1998, por MF para Juan Antonio Fernández, propietario de un bufete de abogados en Panamá, que aparece en casi todas las sociedades de Francolini.

En octubre de 2009, pocos meses después de que Martinelli llegó al poder, las 500 acciones al portador de esta sociedad fueron transferidas a Francolini y a su esposa, Iraida García. Sin embargo, documentos que datan de 1998 a los que el ICIJ tuvo acceso revelarían que el beneficiario efectivo de la compañía era Francolini desde su inicio.

FRANCOLINI, UN PEP

En enero de 2015, Mossack Fonseca renunció como agente residente de las dos compañías. La decisión se habría producido por recomendación del Departamento de Cumplimiento de la firma, que concluyó que Francolini era una persona políticamente expuesta (PEP, por su sigla en inglés).

Teniendo en cuenta que Francolini permaneció en el gobierno de Martinelli durante cinco años y que la firma decidió renunciar a sus sociedades cuando este salió del gobierno, ello haría suponer que sus procesos de due diligence (debida diligencia) de Mossack Fonseca son cuestionables y no tan efectivos como uno de los socios y los abogados de la firma aseguraron a La Prensa la semana pasada.

La sociedad Jamefield fue creada en el mes en que se producía la transición de gobierno en 2014. Justo en ese momento se realizaban investigaciones por supuestos actos de corrupción en instituciones en las que él prestó servicio. Sobre todo, cuando más se cuestionaban las concesiones otorgadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, como la de disposición de la basura, el cobro en los estacionamientos y el aumento en los pagos de dietas a los miembros de la directiva de Tocumen, S.A.

De acuerdo con los documentos obtenidos por el Süddeutsche Zeitung, la decisión de renunciar a las sociedades de Francolini se tomó por las investigaciones que prosperaban en torno a acusaciones de supuesta corrupción en el aeropuerto.

Jamefield Investment, Inc., habría sido titular de una cuenta bancaria y de una cuenta de inversión, de acuerdo con los documentos.

Esto significa que Francolini –que ha sido vinculado a irregularidades en contratos millonarios– tenía acceso a una cuenta bancaria y a una cuenta de inversión controladas por una compañía de BVI que no podían ser ligadas a él por ninguna agencia reguladora en Panamá.

Asimismo, en otro documento –fechado el 4 de agosto de 2014– se indicaría que Jamefield Investment “está autorizada para emitir un máximo de 50 mil acciones sin valor nominal de la misma clase de acciones”.

El certificado, que estaría firmado por la subsecretaria de Mossack Fonseca & Co., en BVI, Carmen Wong, agrega que a esa fecha “no existen procesos pendientes o que se amenacen entablar en contra de la compañía”.

Wong habría afirmado que –según los documentos entregados al diario alemán Süddeutsche Zeitung “la compañía no ha creado ningún gravamen sobre sus bienes”, que se mantenían los mismos directores y que su único accionista era Riccardo Francolini.

Por ley, Francolini –como servidor público– estaba obligado a revelar la existencia de estas sociedades, al menos en el caso de Gladden Corporation, aunque no así la existencia de Jamefield, ya que fue creada después de dejar los cargos que desempeñaba en el gobierno de Martinelli.

En 2005, Mossack Fonseca habría recibido instrucciones para disolver la sociedad Gladden; pero, al parecer, esa decisión habría sido revertida, ya que la firma solicitó certificados de buena reputación de la empresa en 2006.

De acuerdo con expertos de la industria, estos certificados a menudo se solicitan a los bancos para asegurarse de que una empresa es activa y cumple con todas las regulaciones de la jurisdicción en la que fue creada.

En la documentación que maneja el Süddeutsche Zeitung, se podría observar que hubo numerosas peticiones realizadas para la entrega de estos certificados, muchos de ellos emitidos después de que Francolini fue designado para ocupar cargos dentro del Gobierno.

Este medio intentó obtener la versión de Francolini al respecto, pero no respondió a los reiterados mensajes enviados.

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