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REFORMAS A LA LEY 55 DE 2012 Y AL ‘CÓDIGO PROCESAL PENAL’

Exigen veto a la nueva ‘ley blindaje’

Varela afirmó que lo aprobado amplía los plazos en comparación a como está la ley en la actualidad, pero enfatizó que es un tema que se debe debatir.

Sectores de la sociedad civil opinan que será muy difícil la aplicación de medidas cautelares en los procesos contra diputados y magistrados.

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Diputados de diferentes bancadas negociaron los artículos aprobados durante el segundo debate al proyecto de ley 214 en la Asamblea Nacional. Diputados de diferentes bancadas negociaron los artículos aprobados durante el segundo debate al proyecto de ley 214 en la Asamblea Nacional.
Diputados de diferentes bancadas negociaron los artículos aprobados durante el segundo debate al proyecto de ley 214 en la Asamblea Nacional. LA PRENSA/Jorge Fernández

Voces de la sociedad civil exigieron ayer el veto al proyecto de ley 214, que modifica la Ley 55 de 2012 (ley blindaje), que establece prerrogativas a diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Presidente de la República al momento de ser procesados.

Representantes de varios grupos advierten de que la iniciativa legislativa, que también modifica al Código Procesal Penal, es “una farsa” y “una burla para el pueblo”.

Horacio Icaza, del Movimiento Independiente (Movin), consideró que con el proyecto aprobado se hace retroceder al país en materia de justicia, por lo que solicitó al presidente Juan Carlos Varela que lo vete.

Mientras que la exprocuradora Mercedes Araúz aseguró que nadie debe tener privilegios en la administración de justicia y menos en este momento.

Por su lado, la diputada independiente Ana Matilde Gómez, aunque afirma que se logró eliminar “el nefasto plazo de dos meses”, cuestionó que para proteger al presidente [Juan Carlos] Varela ahora se ha legislado para cubrir a los magistrados de la Corte.

En tanto, el mandatario Juan Carlos Varela dijo que antes de tomar una decisión, esperará la opinión del equipo legal de la Presidencia y que hará consultas al Ministerio Público y al Órgano Judicial.

'IMPUNIDAD SIGUE RAMPANTE'

Como un “engaño, farsa y burla” a la ciudadanía calificaron diversos actores de la sociedad civil la aprobación por la Asamblea Nacional del proyecto de ley 214, que modifica el Código Procesal Penal y la Ley 55 de 2012, y blinda al Presidente de la República, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los diputados ante eventuales procesos penales en su contra.

A pesar de que la iniciativa amplía de dos a cuatro meses el tiempo para investigar a los funcionarios señalados, estos gozan de privilegios en comparación con lo que establece el sistema judicial para el resto de los ciudadanos, de seis meses.

“Esta ley no tiene razón de ser, todos los ciudadanos panameños somos iguales ante la ley y debemos cumplir la ley, no debemos buscar blindajes y no debemos buscar excepciones que ponen a unos en ventaja sobre otros y en donde a unos se les permite seguir impunes y a otros no; no tiene nombre lo que se ha hecho ahí”, declaró Horacio Icaza, del Movimiento Independiente (Movin).

Consideró que “con esta ley [los diputados] han perdido terreno, han perdido cara, han perdido credibilidad y solicitamos al Presidente que la vete. La situación la complica aún más al haber incluido en este blindaje a los magistrados y al Presidente de la República; yo creo que el Presidente la va a analizar y esperamos que la vete”, señaló.

Aunque los diputados eliminaron de la redacción del proyecto las palabras prueba sumaria o prueba idónea, sí incluyeron requisitos para presentar una denuncia contra el Presidente de la República, los magistrados y los diputados.

En este sentido, se aprobó que para admitir la denuncia se requerirá de “los elementos de convicción que ofrezcan conocimiento cierto o probable de que se haya cometido o se esté cometiendo un hecho punible, así como los elementos de convicción que permitan relacionar al investigado con el presunto hecho punible”.

Con respecto a este artículo del proyecto, Icaza precisó que al final de cuentas es lo mismo que había sobre la prueba sumaria en la Ley 55 de 2012, conocida como blindaje, pero con términos diferentes. “Literalmente, nos han visto cara de tontos”, sostuvo.

Para Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, lo aprobado es un “retoque cosmético” a la Ley 55.

“Si los diputados se enfocaran en sus funciones y atribuciones, no deberían escudarse en ningún privilegio procesal, pero la realidad es que una vez se sientan en la curul muchos utilizan sus privilegios y abusan de ellos en beneficio personal, lo cual desde luego puede hacerlos incurrir en irregularidades o delitos, cuyas investigaciones no deberían tener protección ni tratamiento especial”, indicó Gasnell.

IMPUNIDAD RAMPANTE

En tanto, Sandra Escorcia, del Movimiento Institucionalidad y Justicia, señaló que con el documento aprobado por la Asamblea  

“siguen los privilegios, ese cambio ha sido una burla para todas las panameñas y panameños decentes de este país”.Afirmó que con esta ley la impunidad seguirá rampante y mientras no haya un Estado de derecho “seguirán los ladrones de cuello blanco y de medio pelo burlándose del pueblo, y robando al erario”.

“La Asamblea es un ente político y hasta ahora ha demostrado ser incapaz de aprobar leyes que promuevan la institucionalidad y la justicia”, consideró Escorcia.

La docente Maui De Saint Malo calificó el proyecto de ley 214 como una “farsa, una burla... los diputados han engañado a los ciudadanos”. Dijo que lo aprobado es peor que la otra norma, refiriéndose a la actual Ley 55 de 2012.

Mientras que para Rubén Elías Rodríguez, jurista y expresidente del Colegio Nacional de Abogados, el proyecto 214 constituye una especie de “burla” a las aspiraciones de la sociedad panameña.

“Ellos lo que están es convirtiéndose en unos promotores de la impunidad y del respeto a los postulados básicos del sistema jurídico”, advirtió. 

Consideró que con el proyecto han pretendido engañar a la sociedad y lo que debieron haber es decretado que esa ley fuera de orden público e interés social para que sea retroactiva y se aplique a los casos que no se han abierto y a los que están actualmente en trámite en la Corte y en la Asamblea.

“De no hacerlo así, los casos que ya están abiertos antes de su promulgación, van a aplicarle esa ley que evidentemente crea un fuero y un privilegio a favor de ellos”, precisó el abogado.

También cuestionó que se haya aprobado un artículo para que los magistrados fiscales en los procesos de investigación contra diputados solo puedan ser de la Sala Contencioso Administrativo o de la Sala Civil, y que como jueces de garantías solo puedan actuar los magistrados de la Sala Penal. “Esto crea un enredijo y una entretela entre ellos mismos, que promueve la demora y el manejo político”, sostuvo.

La abogada y exprocuradora Mercedes Araúz de Grimaldo coincidió en que nadie debe tener privilegios en la administración de justicia y menos en este momento.  

“A todos nos deben tratar por igual, inclusive al Presidente, a los magistrados y diputados. La administración de justicia está en deuda con el pueblo panameño en relación al juzgamiento de magistrados, diputados y presidentes. No bastó con lo de Moncada Luna, realmente debemos dar gracias a Dios que ese caso terminó en una transacción (acuerdo)”, enfatizó.

La abogada se refirió al juicio efectuado durante el pasado mes de marzo en la Asamblea Nacional, tras el que el exmagistrado de la Corte Alejandro Moncada Luna fue condenado a 60 meses de prisión por los delitos de falsedad de documentos y enriquecimiento injustificado.

MEDIDAS CAUTELARES

La diputada independiente y exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez explicó su posición durante la discusión del proyecto. “No me opuse a la ley, porque se avanzó de lo que teníamos, se logró eliminar el nefasto plazo de dos meses desde que se inicia la investigación hasta que termina, pero aun así siguen siendo plazos muy cortos para delitos que son complejos”, indicó.

Destacó que cualquier delito de una persona de alto perfil dentro del engranaje gubernamental o del sistema de administración pública es un delito complejo en sí mismo, debido al propio perfil de la persona, que tiene posibilidades que no tiene el ciudadano común para moverse en el sistema financiero y de administración pública, influenciando a otras personas.

“Eso, sumado al hecho de que para proteger al presidente Varela, ahora se ha legislado también protegiendo a los magistrados de la Corte, en el sentido de que para una medida cautelar durante la etapa de investigación se tenga que ir al pleno para una mayoría absoluta (36 votos), es enraizar aún más la politización del sistema”, enfatizó la diputada.

El proyecto de ley establece que las medidas cautelares en procesos a diputados y magistrados solo podrán ser aplicadas previa autorización de la mayoría absoluta de los plenos de la Asamblea Nacional (36 votos) y de la Corte (5 votos).

Gómez sostuvo que esa nueva norma es una protección, que en determinado momento puede detener los procesos contra diputados y magistrados. 

Con respecto a este artículo, De Saint Malo dijo que es mentira que se va a lograr que la mayoría de la Asamblea y de la Corte vote “en contra de nada”. “Ahí va a entrar la política (...) Yo creo que la deberían vetar, echarla para atrás y volverla a hacer”, dijo.

DEFIENDEN PROYECTO

Por su parte, Adolfo Valderrama, expresidente de la Asamblea y proponente del proyecto 214, expresó: “creo que este proyecto le  

hace justicia a la Asamblea (...) Aquí no hay blindaje; hay la oportunidad de que se presente la denuncia”.

A juicio del diputado del gobernante partido Panameñista Jorge Iván Arrocha, con la ley aprobada se ha equiparado la norma tanto para que el Presidente de la República como los diputados y magistrados de la Corte sean juzgados bajo un mismo criterio jurídico y bajo el mismo marco de términos, en virtud de cualquier elemento de pruebas que existiese en caso de que haya un hecho punible o una querella contra estos funcionarios. 

“ Creemos que esta norma debe ser sancionada y creo que la percepción del pueblo panameño debe ir bajando con respecto a que si un  

diputado está fuera o no del alcance de la ley”, expresó el diputado.

Con información de Rubén Polanco y Aminta Bustamante

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