compra de tierras nacionales por ministros de estado

Justifican precios y trámites

El director de la Autoridad de Tierras, Alfredo Castillero, aseguró que $6 por hectárea es el precio tradicional

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RIQUEZA. La finca de Cortés está bordeada por el río Mamoní, en Chepo, y se encuentra cubierta de una variada y extensa vegetación con árboles frutales y maderables. LA PRENSA/Ana Rentería RIQUEZA. La finca de Cortés está bordeada por el río Mamoní, en Chepo, y se encuentra cubierta de una variada y extensa vegetación con árboles frutales y maderables. LA PRENSA/Ana Rentería
RIQUEZA. La finca de Cortés está bordeada por el río Mamoní, en Chepo, y se encuentra cubierta de una variada y extensa vegetación con árboles frutales y maderables. LA PRENSA/Ana Rentería

Dos días después de conocerse la venta de cerca de 300 hectáreas de tierras estatales –a $6 la hectárea– para beneficio de los ministros Alma Cortés y Franklin Vergara –de Trabajo y Salud, respectivamente–, el presidente Ricardo Martinelli justificó el precio alegando que es la ley la que establece el monto.

“Si cambiamos la ley de seis dólares la hectárea, los campesinos nuestros no titulan y ya se han dado más de 100 mil títulos en donde se ha vendido la hectárea a seis dólares, mientras que 158 mil derechos posesorios han sido titulados desde 1963 a ese precio”, agregó.

Sin embargo, esta posición contrasta con sus declaraciones durante la pasada campaña electoral, cuando criticó la venta de tierras de la Nación a allegados del gobierno anterior, calificándola de “ilegítima”.

Ahora los protagonistas son dos de sus ministros más cercanos (Cortés y Vergara), quienes alegan que las transacciones se iniciaron antes de la actual administración y que no hubo tráfico de influencia.

Por su parte, el director de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Alejandro Castillero, aseguró en un comunicado emitido ayer, que ambas titulaciones cumplieron con la ley y negó que se haya privilegiado a los dos funcionarios.

“Los señores Cortés y Vergara son ciudadanos panameños que ejerciendo un legítimo derecho solicitaron la adjudicación de sus derechos posesorios y, coincidentemente, la conclusión de estos trámites se da durante el ejercicio de sus funciones públicas, lo cual no los descalifica”, sostuvo Castillero.

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