CERTIFICADOS DE ABONO TRIBUTARIO.

Magistrados salvan su voto

Alvin Weeden ordenó a Rolando Mirones no otorgar más CAT a G&R hasta que la Corte se pronunciara, y por lo tanto impartió ‘una orden de no hacer’.

Alvin Weeden Alvin Weeden
Alvin Weeden

Rolando Rodríguez B.rrodriguez@prensa.comSegún la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon, –apoyada por sus colegas Winston Spadafora, Alberto Cigarruista, Aníbal Salas y José Troyano– la carta del ex contralor Alvin Weeden al entonces viceministro de Finanzas, Rolando Mirones, establece "de manera precisa" que no se debía ejecutar la decisión de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP).

En otras palabras, Weeden, según Dixon, ordenó al Viceministro que no otorgara más Certificados de Abono Tributario (CAT) a la empresa G&R International hasta que la Corte se pronunciara y que, por lo tanto, impartió "una orden de no hacer". En consecuencia, los efectos del fallo de la DRP –en el que ordena archivar el caso contra G&R– fueron suspendidos con esa nota, dice Dixon.

Esa opinión –reconoce la magistrada– prevaleció sobre lo que ella misma reconoce: "ciertamente se trata de una nota [la de Weeden] y la jurisprudencia de la Corte ha sido clara y específica al indicar de manera reiterada que los oficios [o notas] son irrecurribles en amparo, pues no tienen el carácter de órdenes...".

El asunto, dice Dixon, es que hay excepciones. Y este es uno de esos casos, sostiene. Por lo tanto, ordenó "revocar" la nota de Weeden en la que informa al Ministerio de Economía y Finanzas que pediría la nulidad del fallo de la DRP.

Los criterios de Dixon no los comparten los otros cuatro magistrados: Víctor Benavides, Harley Mitchell, Adán Arnulfo Arjona y Esmeralda de Troitiño, quienes, en conjunto, suscribieron un salvamento de voto al fallo.

Sostienen que la nota de Weeden no es una orden de no hacer ni manda ni prohíbe; en la nota no se menciona a G&R International; que, tal como lo dice Dixon, contra los oficios (o notas) no proceden amparos. La mayoría de los magistrados concedió el amparo, agregan, pese a que el fallo de la DRP está impugnado en la Corte, a la espera "de un inminente pronunciamiento".

El actual contralor, Dani Kuzniecky, es citado por estos últimos magistrados. El funcionario dice que la carta de Weeden no es una orden de no hacer y, por lo tanto, "no tiene un carácter imperativo". Es solo una comunicación, añade.

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