Mercadeo del gobierno de Torrijos violó la ley electoral

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efectos. La medida afecta, entre otros, al titular del MOP, Benjamín Colamarco, y al propio Ejecutivo. LA PRENSA/Archivo efectos. La medida afecta, entre otros, al titular del MOP, Benjamín Colamarco, y al propio Ejecutivo. LA PRENSA/Archivo
efectos. La medida afecta, entre otros, al titular del MOP, Benjamín Colamarco, y al propio Ejecutivo. LA PRENSA/Archivo

Opositores al gobierno celebraron anoche la decisión del Tribunal Electoral (TE) de suspender la propaganda que difunden tres ministerios y ocho entidades.

Frank De Lima, de la campaña del candidato de la Alianza por el Cambio, Ricardo Martinelli, una vez se enteró de la noticia lo primero que dijo fue: “por fin el TE se pone los pantalones”. Y luego recordó que ellos han cuestionado en los últimos meses el excesivo gasto de recursos del Estado para promover las acciones del gobierno.

También dijo que el propósito del gobierno con la avalancha de propaganda, era beneficiar la candidatura presidencial de Balbina Herrera. “Se ve una similitud entre la propaganda estatal y la de la candidata”, dijo.

En tanto, el ex ministro de Obras Públicas, el panameñista Eduardo Quirós, quien ha cuestionado el alto gasto del MOP en materia publicitaria, dijo que es un excelente precedente, pero solicita que el TE pida la suspensión de los funcionarios que ordenaron la pauta.

“Ya se comprobó que se excedieron en los últimos meses, y eso indica que usaron recursos del Estado para política. Esto debe castigarse”, advirtió.

El TE, que informó anoche –en un comunicado– la decisión de retirar la pauta, explicó que se comprobó que el Ministerio de la Presidencia, el de Obras Públicas y el de Desarrollo Social, así como la Autoridad de Turismo de Panamá, el Registro Público, la Autoridad de los Servicios Públicos, la Autoridad de Aduanas, la Oficina para la Promoción del Casco Antiguo, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la Junta Comunal de Bella Vista y el Ciacap, fueron los afectados.

El magistrado Gerardo Solís dijo que el fundamento de la decisión está en el artículo 104 del Código Electoral que dice: “con el fin de evitar la masificación de la propaganda estatal durante el proceso electoral, las instituciones públicas no podrán anunciar en un día y en un mes, en los medios de comunicación social, más cuñas, anuncios o cualquier tipo de publicidad o propaganda de las que resulten del promedio que cada institución haya tenido durante los seis meses anteriores a la apertura del proceso electoral”.

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