INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES

Espino delató a Corcione

Según la declaración indagatoria de Jorge Espino Méndez, dueño de la firma Conceptos y Espacios, Nicolás Corcione le dio instrucciones para distribuir $600 mil así:  $400 mil debían ser depositados a la cuenta de Cubemu, y tenía que emitir un cheque por $200 mil a nombre de Cobros GC S.A.

 En un comunicado, el Grupo Corcione asegura que ‘es completamente falso’ que Corcione le diera instrucciones a Espino para dirigirse donde María Gabriela Reyna, quien se encargaría de decirle cómo proceder para justificar los pagos.

En el orden usual, José Antonio Sosa, Nicolás Iván Corcione y Marco Ameglio, directivos del Canal. Los tres fueron nombrados en marzo de 2010. En el orden usual, José Antonio Sosa, Nicolás Iván Corcione y Marco Ameglio, directivos del Canal. Los tres fueron nombrados en marzo de 2010.
En el orden usual, José Antonio Sosa, Nicolás Iván Corcione y Marco Ameglio, directivos del Canal. Los tres fueron nombrados en marzo de 2010. Archivo

Jorge Espino Méndez, investigado por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada por supuesto blanqueo de capitales en cuentas relacionadas con el exmagistrado Alejandro Moncada Luna, cambió su versión el 3 de este mes ante la fiscalía que lleva el caso, y además reveló detalles de la trama para justificar el pago de una coima.

En principio, Espino había declarado que los $400 mil que le dio a Cubemu S.A, empresa ligada a Ricardo Ricky Calvo, Felipe Pipo Virzi y Moncada Luna eran pagar una deuda, pero luego manifestó que esa cifra y otros $200 mil que consignó a la empresa Cobros GC. S.A., eran para el empresario de la construcción Nicolás Corcione Pérez Balladares, quien le solicitó esa suma a cambio del contrato para la rehabilitación del Tribunal Marítimo.

Espino y Julián París, detenidos preventivamente desde finales de junio pasado, son los dueños de la firma Conceptos y Espacios S.A., empresa que en el periodo en que Alejandro Moncada fungía como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre 2012 y 2013, se adjudicó un contrato por $8.9 millones para desarrollar la mencionada obra.

LOS HECHOS

Espino contó que a principio de 2013 su socio Julián París le comentó sobre la posibilidad de participar en la licitación de la construcción y remodelación de la sede de Tribunal Marítimo, en Ancón.

“Participamos en la licitación y fuimos por debajo del precio oficial. Unos días después de la licitación, recibí una llamada del señor Nicolás Corcione, [y dijo] que le interesaba conversar conmigo”, narró.

Tras la invitación de Corcione, Espino se acercó a su despacho y le escuchó su propuesta. “Él [Corcione] me comunicó que podía ayudar a que nos adjudicaran la licitación, ya que habíamos sido los únicos proponentes. Una vez dicho esto, me comunicó que esto lo podía hacer por $600 mil”.

Espino le dijo que tenía que consultarlo con su socio Julián. Lo analizaron y tomaron la decisión. “Decidimos que si queríamos ganarnos esta licitación, quizás esta era la única forma”, resaltó.

Al día siguiente, le informó a Corcione que había aceptado la oferta. Había trato.

LAS INSTRUCCIONES

Se concretaron los pasos para la adjudicación, la orden de proceder y se les entregó un anticipo. Apareció Corcione en escena.

“Pase a su oficina y me dio instrucciones para confeccionar dos cheques. Uno era a nombre de la empresa corporaciones Cubemu, S.A., por la suma de $400 mil, y el otro a nombre de Cobros GC, S.A., por la suma de $200 mil”, detalló.

El primer cheque [por $400 mil] lo depositó a la cuenta de Cubemu S.A. y el segundo [por $200 mil] se lo entregó a Corcione en sus oficinas de Costa del Este.

Espino entregó copia autenticada del cheque de $200 mil a la fiscalía, a cargo de Nahaniel Murgas. 

Contó, además, que fue el propio Corcione quien le proporcionó el número de la cuenta y el nombre del banco para hacer el depósito a nombre de Cubemu.

“Yo nunca había trabajado con ese banco; era Banco Universal”.

De acuerdo con su declaración, ambos socios desconocían que la cuenta a la que Corcione le mandó a depositar el dinero era del comerciante Pipo Virzi. “Ni Julián ni yo, nunca hemos tenido ningún tipo de comunicación, amistad, o relación comercial, ni con el magistrado [Moncada Luna], ni con Pipo Virzi, ni con Ricky Calvo, ni nadie que tenga que ver con ese grupo de personas (...)”, afirmó.

“Siempre pensé que ambas empresas eran del ingeniero Corcione, no fue hasta cuando salió a relucir lo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia [Moncada Luna] que nos enteramos que la cuenta pertenecía al señor Pipo Virzi. Ni Julián ni yo (...) teníamos ni idea del problema en que nos estábamos metiendo”, agregó.

EL ESCÁNDALO

Cuando salió a la luz pública el escándalo que le costó el puesto en la Corte a Moncada Luna –preso en la cárcel El Renacer por enriquecimiento injustificado y falsedad–, Espino se comunicó con Corcione. Le dijo que estaba “sorprendido”.

Entonces, Corcione le manifestó que no se preocupara, ya que no le había hecho un pago a un funcionario público. Días después, empero, Espino y París recibieron la noticia de que el fiscal del caso Moncada Luna, el diputado perredista Pedro Miguel González, había congelado la cuenta de Concepto y Espacios de la que salió el pago a Cubemu S.A.

“Automáticamente, nos dimos cuenta de que sí estábamos siendo vinculados al proceso que se le seguía a Moncada Luna”, sostuvo. Espino telefoneó una vez más a Corcione. Le preguntó que cómo harían para resolver “este asunto”.

Días después, el empresario de la construcción le dijo que se comunicara con María Gabriela Reyna, que ella le iba informar “cómo proceder”.

“Ella me explicó la forma cómo se iba a manejar el pago a Cubemu S.A.”, precisó Espino en la declaración indagatoria, a la que tuvo  

acceso este medio.

LA PANTALLA

Con respecto a los $400 mil, el fiscal le preguntó: ¿Cuáles eran las indicaciones de [Reyna] para resolver el problema?, [para justificar la operación].

Espino reveló que Reyna haría “unas letras antiguas y que estas eran para pagar el pago de ese dinero y sus intereses”. El fiscal Murgas le consultó entonces si tenía algún documento que sustente el pago de los $200 mil.

Espino contestó: “Sí hay un contrato ficticio de compraventa de un apartamento en un proyecto del señor Corcione, el cual va a ser  

presentado por mi abogado y todos los documentos que se tengan del mismo”.

“Yo la vine a conocer [a Reyna] el día que el ingeniero Corcione me dijo que me reuniera con ella. En mi compañía sí hemos adquirido infinidades de préstamos y aportes de accionistas de todo tipo, pero este en  

específico fue una pantalla”, manifestó.

‘MIEDO’

En la indagatoria, Espino reveló sentir “miedo” de cualquier represalia por este caso, ya que “el gobierno anterior tenía métodos y procedimientos con los cuales te coaccionaban y eran capaces de cualquier cosa. Me preocupa un poco las personas que están mencionadas en este caso como Moncada Luna, Virzi, Calvo...”.

Cuando se le consultó si fue amenazado, el empresario respondió: “no fui amenazado, estoy aquí para colaborar, ayudar a la investigación y contribuir en todo lo que pueda”.

LA VERSIÓN DE CORCIONE

Este medio llamó ayer en varias oportunidades a Roberto Moreno, abogado de Corcione, para ponerlo al tanto de lo expresado por Espino y obtener la versión de su cliente, pero no respondió. Un día antes, le había dicho a este diario que las acusaciones que se le hacen a su representado “son falsas”.

En un comunicado, el grupo Corcione manifiesta que el nexo que hubo entre Nicolás Corcione Pérez–Balladares, Jorge Espino y Julián París “es una relación comercial proveniente de compraventa de apartamentos”.

Por este caso, Nicolás Corcione Pérez Balladares deberá rendir indagatoria el próximo 29 de julio. También debe declarar Alberto Ortega, exgerente del Banco Universal.

De acuerdo con la nota de prensa enviada por el Grupo Corcione, este se encuentra “en un viaje familiar programado y no está en modo alguno evadido ni perseguido por la justicia”.

También argumenta que la operación entre la sociedad Raesro, S.A. y Jr. Bocas Investment Inc. –también investigadas en el proceso– se dio hace 10 años y fue una transacción legítima y culminada.

También asegura que es “falso” que Corcione le diera instrucciones a Espino para dirigirse a Reyna.

VINCULADOS

Otros de los vinculados a estas pesquisas son María Gabriela Reyna, de la Firma Reyna y Asociados; Óscar Rivera, Francisco Filiú Nigaglioni y Humberto Juárez, todos con medidas cautelares de detención preventiva. También está detenido Felipe Rodríguez Guardia.

Mientras tanto, al exvicepresidente y comerciante Felipe Pipo Virzi se le impuso una medida cautelar de casa por cárcel.

A su vez, María del Pilar Fernández, esposa del exmagistrado Moncada Luna, tiene impedimento de salida del país.

Además, el Ministerio Público gestiona con Interpol la ubicación de Ricardo Ricky Calvo, miembro del círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli.

En este caso, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada mantiene cauteladas cuentas por más de 1.4 millón de dólares, que se presume corresponden a dineros entregados a Moncada Luna por adjudicar proyectos adelantados por la Corte Suprema de Justicia durante su presidencia.

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