SISTEMA ACUSATORIO, HUÉRFANO DE PRESUPUESTO ESTATAL

Nuevo sistema pende de un hilo

El presidente de la Corte, Harley Mitchell, y la procuradora, Ana Matilde Gómez, reclaman fondos para ejecutar tareas.

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NECESIDADES. Se calcula que el Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno requieren de unos $8 millones para la implementación del nuevo código. LA PRENSA/Archivo NECESIDADES. Se calcula que el Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno requieren de unos $8 millones para la implementación del nuevo código. LA PRENSA/Archivo

NECESIDADES. Se calcula que el Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno requieren de unos $8 millones para la implementación del nuevo código. LA PRENSA/Archivo

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A menos de 100 días para que entre en vigencia el nuevo sistema procesal acusatorio, el Órgano Judicial y el Ministerio Público, principales actores de su ejecución, se quejan de que carecen de apoyo presupuestario para ponerlo en vigencia.

La realidad que viven fue expuesta por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchell, y por la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, ante la Comisión de Estado por la Justicia, un organismo creado en marzo de 2005 para resolver los problemas que le aquejan a la administración de justicia.

Un informe de la comisión institucional encargada de la implementación del nuevo sistema acusatorio indica que el Órgano Judicial y el Ministerio Público (MP) están preparados y organizados para la entrada en rigor del nuevo Código Procesal Penal, pero el problema es el presupuesto.

“Se necesita nombrar personal y adecuar la infraestructura para que pueda funcionar el nuevo sistema a partir del 2 de septiembre”, dijo Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, uno de los miembros de la Comisión de Estado.

Castillo, quien advirtió que una prórroga del citado sistema sería muy perjudicial para la imagen internacional de Panamá, dijo que el sector justicia (MP; Judicial y Policía Nacional), requiere de aproximadamente 8 millones de dólares para ponerlo en funcionamiento.

Sus palabras fueron refrendadas ayer por el magistrado Mitchell, también integrante de esa comisión, quien dijo que el Ejecutivo no incluyó en el presupuesto del Órgano Judicial de 2009 los 4 millones de dólares solicitados para financiar el nuevo sistema.

Mitchell, quien junto al embajador de Francia en Panamá, Pierre Henri Guignard, inauguró ayer la Jornada Franco-Panameña de la Justicia, dijo que el Órgano Judicial ha destinado de su presupuesto cerca de 400 mil dólares para poner en marcha el sistema acusatorio, y la Unión Europea (UE) le prometió unos 285 mil dólares que se utilizarán en capacitación.

Aprobado a través de la Ley 63 del 29 de agosto de 2008, el nuevo sistema procesal acusatorio entrará a regir un año más tarde de manera progresiva. A partir del 2 de septiembre de 2009, el nuevo sistema se estrenará en el Segundo Distrito Judicial de la República, que comprende las provincias de Coclé y Veraguas.

Informes preliminares de la unidad encargada de la ejecución del nuevo sistema en el Judicial –bajo la coordinación del magistrado Luis Mario Carrasco– estiman que al menos se crearán siete nuevos despachos judiciales a cargo de 14 jueces y seis magistrados.

En Coclé y Veraguas hoy hay tres juzgados de circuito en cada provincia y un Tribunal Superior –con tres magistrados– encargado de casos penales y civiles.

Frank De Lima, viceministro de Economía designado, se comprometió ayer a buscar los fondos que permitan que el nuevo sistema entre en ejecución sin mayores traumas.

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