DERECHOS HUMANOS. EL SISTEMA LEGAL LEGITIMÓ LOS ABUSOS

Obama busca a torturadores

El Presidente de EU no procesará a quienes ejecutaron las torturas, sino a los que desde el gobierno las autorizaron.

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IRAK. Una soldado de EU lleva a un prisionero con una correa atada al cuello en la cárcel de Abu Ghraib. Fue condenada por seis de los siete cargos que se le imputaban. EFE/THE WASHINGTON POST IRAK. Una soldado de EU lleva a un prisionero con una correa atada al cuello en la cárcel de Abu Ghraib. Fue condenada por seis de los siete cargos que se le imputaban. EFE/THE WASHINGTON POST
IRAK. Una soldado de EU lleva a un prisionero con una correa atada al cuello en la cárcel de Abu Ghraib. Fue condenada por seis de los siete cargos que se le imputaban. EFE/THE WASHINGTON POST

El presidente Barack Obama escuchó el clamor de su pueblo y del mundo. Aunque bloqueó por decreto los juicios contra funcionarios de Estados Unidos acusados de torturar a presos por la “guerra contra el terrorismo”, no se opone a apuntar contra quienes justificaron desde el gobierno la legalidad de esas prácticas.

Obama reiteró la semana pasada, que no creía “apropiado que sean procesados” quienes “llevaron a cabo alguna de esas operaciones en el marco de las opiniones legales y la guía que se les proveyó desde la Casa Blanca”.

Pero una acusación contra “quienes formularon las decisiones legales” que supusieron una autorización gubernamental a torturas y maltratos “sería una decisión del secretario de Justicia”, es decir, el fiscal general, Eric Holder, sobre la cual el mandatario prefirió “no prejuzgar”. Antes de estas declaraciones del mandatario, el primer objetivo de los acusadores es el ex abogado general del Departamento de Defensa, William J. Haynes II.

La filial de la Asociación Nacional de Abogados (NLG) en San Francisco ya presentó una demanda en su contra, y le pidió al Colegio de Abogados de California que lo investigue y expulse.

Haynes es ahora abogado de la compañía automovilística Chevron Corp., en San Ramón, California.

El periódico Los Ángeles Times informó que una demanda similar se prepara en el estado de Pennsylvania contra el ex abogado del Departamento de Justicia (fiscalía general) John C. Yoo, profesor de derecho de la Universidad de California.

El motivo es el rol que jugó en la elaboración de las pautas legales que avalaban las denominadas técnicas de “interrogatorio mejorado”, mientras se desempeñaba en la Oficina de Asesoramiento legal de ese departamento, durante el gobierno de George W. Bush (2001-2009).

Entre esas técnicas figuraba el waterboarding o simulación de ahogamiento, conocido y usado por las dictaduras latinoamericanas de los años 70 bajo el nombre de “submarino”.

“Los abogados que brindaron a los altos funcionarios de Bush una fachada ‘legal’, participaron en la formulación de la política de tortura y tratamientos crueles deberían ser el blanco de investigación penal e inhabilitados para el ejercicio de la abogacía por sus violaciones éticas”, dijo Marjorie Cohn, presidenta del NLG.

Cohn también observó que la demanda presentada en Pennsylvania contra John Yoo fue puesta en suspenso.

Haynes se desempeñó como consejero general del Departamento de Defensa desde el 24 de mayo de 2001 hasta su abrupta renuncia el 25 de febrero de 2008, días después de que la revista The Nation publicó un artículo acusándolo de “arreglar” juicios a prisioneros en Guantánamo. Fue el principal funcionario legal del Departamento de Defensa y asesor legal del entonces secretario de esa cartera, Donald Rumsfeld.

La demanda plantea que Haynes no mostró “respeto ni obediencia por la ley, ni respeto por los derechos de otros”, que “intencional o imprudentemente” no actuó de modo competente al aconsejarle al secretario Rumsfeld que aprobara técnicas de interrogatorios que violaban el derecho estadounidense e internacional, y sin mencionar las objeciones por parte del ejército.

“Toda la evidencia muestra que Haynes aconsejó inadecuadamente la asignación de técnicas ilegales e inhumanas de interrogatorios”.

Haynes y su agenda ‘legal’

William J. Haynes II fue uno de los seis funcionarios del gobierno de George W. Bush nombrados en la investigación en curso sobre torturas y otros delitos.

La demanda de la Asociación Nacional de Abogados señala que, mientras era consejero general del Departamento de Defensa, Haynes promovió tácticas que equivalían a tortura, en violación del derecho estadounidense e internacional. Esta “inadecuada defensa” de esas técnicas “condujo directamente a abusos de detenidos en las bases de Guantánamo y Abu Ghraib”, en Iraq, aseveran en su demanda.

También se afirma que brindó una fachada legal para que soldados y agentes federales de EU usaran perros y otros métodos humillantes, como ordenar a los prisioneros a desnudarse y soportar posiciones estresantes. Según la asociación, los juicios de Nuremberg a los criminales de guerra nazis tras la II Guerra Mundial (1939-1945) mostraron que los líderes poderosos pueden comprometerse, y lo hacen, en actos ilegales y trato inhumano a otros, y que esos líderes dependen de los abogados para legitimar una agenda ilegal.

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