¿QUÉ PASÓ CON...? Un acuerdo con 25 temas pendientes

Las acusaciones de corrupción en la Corte Suprema llevaron hace dos años al presidente Torrijos a firmar un pacto para devolver a la gente la confianza en el sistema. De las 27 reformas propuestas, solo dos se han cumplido.

DIÁLOGO. La primera reunión del Pacto por la Justicia fue en marzo de 2005. DIÁLOGO. La primera reunión del Pacto por la Justicia fue en marzo de 2005.
DIÁLOGO. La primera reunión del Pacto por la Justicia fue en marzo de 2005.

Hace dos años, la Corte Suprema de Justicia sufrió una de sus peores crisis de credibilidad. El intercambio de denuncias de corrupción entre los magistrados provocó una escalada de desconfianza que culminó con el clamor popular que reclamaba la renuncia de sus miembros y una renovación del máximo tribunal de justicia.

La presión obligó al presidente, Martín Torrijos, a buscar la más rápida y conocida salida: la creación de una comisión encargada de limpiar la maltrecha imagen del sistema de justicia.

Esta fue la génesis del Pacto de Estado por la Justicia, que se firmó el 10 de marzo de 2005 para, como explicó en ese entonces Torrijos, "devolverle a la ciudadanía la fe en la justicia".

Nació también la comisión, conformada por los tres órganos del Estado, las procuradurías de la Nación y de la Administración, la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, que realizó un análisis previo de la agenda de reformas.

Para la posteridad han quedado esas 27 modificaciones que debían implementarse entre 2005 y 2009. La matemática, sin embargo, señala que hasta el momento solo se han cumplido dos de estas metas: la aprobación de un decreto de autorregulación para la escogencia de magistrados de la Corte y las reformas a los códigos Penal y Procesal Penal, aunque esta meta solo se ha cumplido parcialmente.

Ante la mora, la secretaría técnica de la comisión se ha visto forzada a replantearse el orden de prioridades de los 27 puntos en la agenda.

Los propios miembros han reconocido que, al momento de preparar el plan de reformas, no tomaron en consideración el tiempo y el presupuesto para implementarlo. Por ejemplo, de las 139 actividades necesarias para cumplir con el Pacto, solo nueve cuentan con apoyo financiero.

Por ahora, duermen el sueño de los justos propuestas como la Política Criminológica de Estado y la nueva ley sobre el ejercicio de la abogacía.

El debate ahora se ha trasladado a la submesa de justicia de la Concertación Nacional para el Desarrollo, que está a la espera de que la comisión coordinada por el procurador de la Administración, Oscar Ceville, le envíe la nueva lista de prioridades para tratar de cumplir con el pacto.

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