¿QUÉ PASÓ CON...? Una reforma que no llega a la Asamblea

A pesar de que su aprobación fue solicitada hasta por el contralor saliente, Dani Kuzniecky, el Ejecutivo no ha presentado aún a la Asamblea el proyecto de reforma a la ley de responsabilidad fiscal que viene prometiendo desde 2005.

PENDIENTE. Carlos Vallarino (Der.), nuevo contralor general de la República, deja el cargo de ministro de Economía y Finanzas sin haber presentado el proyecto. PENDIENTE. Carlos Vallarino (Der.), nuevo contralor general de la República, deja el cargo de ministro de Economía y Finanzas sin haber presentado el proyecto.
PENDIENTE. Carlos Vallarino (Der.), nuevo contralor general de la República, deja el cargo de ministro de Economía y Finanzas sin haber presentado el proyecto.

La reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) es el proyecto legal en materia económica más esperado desde que se aprobó la reforma tributaria en 2005.

La espera ha impacientado a muchos, dentro y fuera del país, no solo por la importancia que la reforma tendrá para el futuro de las finanzas públicas, sino porque ministros de Economía y Finanzas de varias administraciones, en reiteradas ocasiones, prometieron presentarla a la Asamblea. Hasta ahora, esas promesas no se han cumplido (ver Así sucedieron los hechos).

"La demora se debe a que queremos llevar algo lo más elaborado posible, que nos proyecte muy bien como país y como Gobierno, y que defina muy claramente la metodología para manejar las cuentas fiscales", justificó el viceministro de Economía, Héctor Alexander, quien la próxima semana será nombrado como nuevo ministro del ramo, en reemplazo de Carlos Vallarino.

La Ley de Responsabilidad Fiscal vigente que se aprobó durante el gobierno de Mireya Moscoso y cuyos efectos fueron suspendidos entre 2004 y 2005, fija un tope al déficit fiscal y al endeudamiento público equivalente al 2% del producto interno bruto (PIB).

En el primer borrador de la reforma de esa ley, al que tuvo acceso La Prensa en enero de este año, se mantenía ese mismo tope, pero el concepto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estaba manejando intentaba responder mejor a los vaivenes de los ciclos económicos: En épocas de expansión, según esa versión del texto, el déficit no podrá ser mayor al 1% del PIB. Y solo en épocas de recesión será posible justificar un déficit de hasta el 2%.

La propuesta contempla también la legalización del presupuesto plurianual; establece la metodología para el manejo y la contabilidad de las finanzas públicas; define cómo se calculará el déficit fiscal de ahora en adelante y ordena reducir la deuda pública a un nivel inferior a 60%.

Según la Contraloría, la deuda de Panamá cerró el año 2006 con un monto equivalente a 61% del PIB. Y el ex ministro de Economía y Finanzas –ahora contralor–, Carlos Vallarino, había anunciado la semana pasada que esta administración se propuso como meta llevar esa relación a 50% antes de que finalice el mandato de Martín Torrijos.

El artículo 36 del borrador redactado por Trigo establece la posibilidad de sancionar administrativa, civil y hasta penalmente a los funcionarios que maquillen cuentas fiscales o incumplan con los topes del déficit y endeudamiento definidos en ese marco legal.

Las sanciones serían impuestas por el Poder Judicial, "previo juicio administrativo que demuestre fehacientemente que el funcionario ha incumplido con esta ley y sus disposiciones reglamentarias".

Este artículo causó un fuerte debate en el ministerio y algunos técnicos advirtieron que podría traer más perjuicios que beneficios. Por ello, se espera que la versión definitiva que llegará a la Asamblea, en este punto en particular, será muy distinta a la original.

"Hay que ver cómo se maneja esa parte", destacó Alexander, porque "no es fácil establecer dónde se ubican las responsabilidades".

¿Quién sería el funcionario sancionado por incumplir el tope de déficit? ¿El titular del MEF o el de la entidad que no cumple con la programación del gasto público? Esta es una de las preguntas clave que forma parte de ese debate.

Curiosamente, tanto tirios como troyanos han exigido al Ejecutivo no dilatar más la aprobación de esta nueva normativa. No solo lo han pedido voceros políticos de la oposición, sino líderes de los principales gremios empresariales y profesionales del país, como la Cámara de Comercio, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y el Colegio de Economistas; bancos de inversión y agencias calificadoras de riesgo extranjeras, como Bear Stearns y Standard & Poor´s; economistas y financistas de las más diversas tendencias, como Guillermo Chapman, Domingo Latorraca y Aristides Hernández; el Fondo Monetario Internacional y hasta el contralor saliente, Dani Kuzniecky.

El anteproyecto de ley fue redactado por el ex ministro de Hacienda de Bolivia Jacques Trigo, pero en los últimos meses, el MEF le ha hecho ajustes. La Prensa pidió al MEF detalles sobre los ajustes que han hecho al borrador de la reforma y cuándo será presentado el proyecto final, pero no hubo respuesta.

Una tendencia mundial

Con el inicio del nuevo milenio, la aprobación de leyes de responsabilidad fiscal (LRF) se convirtió en una tendencia mundial, y en América Latina, varios países ya han sacado ventaja a Panamá en esta materia: Brasil, Chile, Argentina y México, entre otros.

Desde hace años, organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial han recomendado a los países emergentes usar este tipo de legislaciones para mejorar la transparencia de las finanzas públicas y establecer límites al manejo del gasto y la deuda de los estados.

Las LRF, en la praxis, son un código de conducta para administradores públicos y la mayoría de los países que las han implementado legalizaron sanciones para quienes lo incumplen, tal y como se ha propuesto en Panamá.

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