¿QUÉ PASÓ CON...? Los últimos pasos de la policía patrimonial

Abogados especialistas en la materia, contactados por la Contraloría, afinan detalles de un borrador que busca darle forma al Tribunal de Cuentas, un organismo que reemplazará a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP).

CASA de NORIEGA. Tras el derribo de la dictadura, la DRP inició la tarea de recuperar bienes en manos de allegados al régimen. CASA de NORIEGA. Tras el derribo de la dictadura, la DRP inició la tarea de recuperar bienes en manos de allegados al régimen.
CASA de NORIEGA. Tras el derribo de la dictadura, la DRP inició la tarea de recuperar bienes en manos de allegados al régimen.

En noviembre de 2004, las recién aprobadas reformas a la Constitución establecieron la base para la creación de un Tribunal de Cuentas, que se encargaría de los procesos patrimoniales que desde 1990 se realizan en la Dirección de Responsabilidad (DRP) de la Contraloría.

Doce meses más tarde, abogados especialistas en la materia contactados por la Contraloría afinan detalles de un proyecto de ley que defina las competencias del tribunal.

El artículo 281 de la Constitución establece que la nueva instancia estará conformada por tres magistrados designados para un período de 10 años, así: uno por el Ejecutivo, otro por la Asamblea y el tercero por el Órgano Judicial. Un mecanismo similar al que se usa para seleccionar a los magistrados del Tribunal Electoral.

El siguiente paso es la presentación del proyecto de ley que desarrolla la norma constitucional al Consejo de Gabinete, que será el encargado de hacerlo llegar a la Asamblea Nacional para su aprobación.

Cuando se le dé vida jurídica, los 359 procesos que están en trámite en la DRP pasarán a formar parte de las tareas del Tribunal de Cuentas.

Antecedentes.

Las funciones del Tribunal de Cuentas, sin embargo, no son nuevas en Panamá. Tras el derrocamiento del régimen dictatorial que encabezó Manuel A. Noriega se creó, en 1990, la DRP, un organismo adscrito a la Contraloría cuyos magistrados son nombrados por el contralor.

Han pasado 15 años y el objetivo sigue siendo determinar la "responsabilidad patrimonial que frente al Estado le podría corresponder a los agentes de manejo, empleados públicos y particulares que hayan hecho uso indebido o se hayan beneficiado de los bienes y valores públicos".

Los primeros responsables de hacer cumplir este mandato fueron Eusebio Marchosky, Gonzalo Menéndez Franco –ambos fallecidos–, y Eduardo Lombana.

Uno de los casos más importantes que tuvo que afrontar la DRP fue la ubicación de los fondos que Noriega mantuvo depositados en una cuenta cifrada en el desaparecido Banco de Crédito y Comercio Internacional, recuerda Lombana.

Noriega, a través del seudónimo "Zorro", depositó dineros de las Fuerzas de Defensa que provenían de las arcas del Banco Nacional.

Solo en 1990, año de la creación de la DRP, se abrieron 529 procesos (ver nota relacionada). Y es que la misión consistía, según Lombana, en llevar a la conciencia pública el mensaje de que con honestidad se podía salvar al Estado".

Esa misión, dicen las actuales autoridades, se mantiene incólume.

Los números de la DRP

15 años después de su creación, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) de la Contraloría General de la República ha abierto mil 958 procesos. El 82% de ellos –mil 599– ha concluido, según información oficial.

Tras su nacimiento en 1990, la DRP abrió 529 procesos. Al finalizar ese año, había logrado cerrar 31 casos que representaron el 6%. Fue precisamente el año en que más procesos abrió la entidad.

De hecho, entre 1990 y 1994, la DRP abrió mil 14 procesos patrimoniales, como resultado del fin de la dictadura militar. En esa época, Panamá estaba empeñada en recuperar los bienes que obtuvieron de manera irregular quienes acumularon riquezas como consecuencia de su vinculación al régimen militar nacido en 1968.

CRONOLOGÍA DEL CAMBIO

NACIMIENTO: Mediante el Decreto 36 de 10 de febrero de 1990, se creó la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.

CAMBIO: El 15 de noviembre de 2004 se reforma la Constitución y se establece la creación de un Tribunal de Cuentas.

MANDATO: El artículo 281 de la Constitución ordena la creación de un Tribunal de Cuentas con competencia y jurisdicción nacional.

ANTEPROYECTO: Personal de la Contraloría afina un borrador que crea el Tribunal de Cuentas.

UN DESAFÍO PARA LA DRP

FACULTAD: El radio de poder de la DRP fue desafiado por el gerente general del Banco Nacional de Panamá, Juan Dianous. El funcionario preguntó al procurador de la Administración, Óscar Ceville, sobre el alcance de la Ley 18 de 1959, que contiene disposiciones sobre cuentas bancarias cifradas, y sobre el Decreto que creó la DRP. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, recordó Ceville, determinó que la Contraloría puede practicar cualquier prueba establecida por la legislación vigente.

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