CONTRATACIONES POR MIL 500 MILLONES no tendrán fiscalización

PPC: millones perdidos sin el control previo

El Estado dejó de percibir mil 500 millones de dólares en una equiparación que no pasó por la fiscalización de la Contraloría.

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La eliminación del control previo ha demostrado, en varios casos, que no favorece al Estado panameño.

Por el contrario, el fisco nacional ha dejado de percibir cientos de millones de dólares por decisiones tomadas obviando el procedimiento de fiscalización correcto.

Un ejemplo a pequeña escala es el escándalo de los contratos para remover la fibra de vidrio en las escuelas. En gran escala está la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal a favor de la transnacional Hutchinson Wampoa, con su subsidiaria Panamá Ports Company (PPC).

Según informes de la Contraloría y cálculos de otro operador portuario, Manzanillo International, Panamá dejó de percibir en 2002, entre mil millones y mil 500 millones de dólares debido a una irregular equiparación de la concesión de PPC que obvió el proceso de aprobación de la Asamblea Nacional y el control previo de la Contraloría.

El ex contralor Alvin Weeden, ocho años después, mantiene su postura de que el gobierno de Mireya Moscoso violó el procedimiento legal para realizar esta equiparación.

Un informe, que aún mantiene Weeden, establece que en ese momento la Contraloría no dio el aval para que el Ministerio de Comercio modificara directamente la concesión de PPC, por lo que su aprobación debió contar con el refrendo de la institución que fiscaliza las finanzas del Estado.

Tampoco había una reglamentación del contrato con PPC, por lo que la adenda de la concesión también debió cumplir con la aprobación de la Asamblea Nacional.

Dos años más tarde, durante la administración de Martín Torrijos, se repite el error, según explica Weeden.

Esta vez PPC se quita de encima las demandas en contra de su equiparación, firmando un finiquito con la administración Torrijos por solo 106 millones de dólares.

“Yo me voy de la Contraloría en 2004, y en el gobierno de Torrijos, el ministro de Comercio, Alejandro Ferrer, se sienta con la compañía y administrativamente transa y le da un finiquito a cambio de 106 millones de dólares. Pero resulta que la cuantía que estaba en disputa por la Contraloría era de mil 500 millones de dólares”, manifestó el ex contralor.

En 2002, Manzanillo International, en una carta firmada por su gerente David Michou, se manifiesta en contra de la equiparación solicitada por PPC, aduciendo que su concesión recibió una serie de privilegios sobre los otros.

Entre los aspectos reclamados por Manzanillo International está que los puertos de Balboa y Cristóbal operaban en el momento en que los recibió PPC. Además, que se le otorgó a esta compañía una alta participación en los pagos de las concesiones existentes y futuras, al igual que edificaciones y tierras para su uso y expansión (Diablo e isla Telfers).

“Para entender la diferencia, es imprescindible considerar que Manzanillo desarrolló el puerto a su propio costo. PPC recibió del Estado instalaciones existentes en ambos puertos en condiciones operativas. Esta es la gran diferencia”, dijo Michou en representación de Manzanillo International, en 2002.

Hoy día el caso de PPC cobra vigencia, ya que la Contraloría ha exceptuado del control previo las contrataciones que realice a futuro el Ministerio de Salud, Obras Públicas, Seguridad, Bingos Nacionales y la Caja de Ahorros.

Solo entre los ministerios de Obras Públicas, Seguridad y Salud hay un presupuesto de mil 537 millones de dólares para inversiones en 2011, y que estarán exentas del control previo.

Ex contralores como Rubén Darío Carles, José Chen Barría y Carlos Vallarino han calificado de error la eliminación del control previo en estas instituciones.

Sin embargo, la actual contralora, Gioconda de Bianchini, ha salido en defensa de esta decisión, así como el propio presidente, Ricardo Martinelli.

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