EX FUNCIONARIO dice QUE SUS ABOGADOS LE ASEGURARON QUE NO HA VIOLADO LA LEY

Paredes: De viceministro a ‘CEO’

Manuel José Paredes es el ejecutivo principal de una empresa vinculada con la exploración de oro y otros minerales en cerro Chorcha.

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El Código de Recursos Minerales (Decreto ley 23 de 1963) dice que los funcionarios que directa o indirectamente intervienen, por razón de sus funciones, en la adjudicación, operación o explotación de las concesiones mineras, no podrán obtener estos permisos.

“Esta prohibición se extiende al período de un año a partir del momento en que el funcionario cese en sus funciones”, señala el Código.

Manuel José Paredes, viceministro de Comercio e Industrias hasta principios de este año, conocía la norma, pero dice que no la violó cuando aceptó trabajar para Dominion Minerals Corporation, compañía que tiene un acuerdo vigente con Bellhaven Copper & Gold, concesionaria –a través de su subsidiaria Cuprum– en la exploración de minerales en cerro Chorcha.

Cuprum obtuvo la concesión directamente de Paredes. El contrato fue firmado el 16 de febrero de 2006, cuando fungía como ministro encargado.

20 días después de lograr la concesión para Cuprum, Bellhaven firmó un “acuerdo de exploración y desarrollo” para “colaborar” en la exploración de cobre en cerro Chorcha. Ahí se establece que Dominion tiene la opción de adquirir hasta el 75% de Cuprum, a cambio de un pago de 500 mil dólares (que ya se hizo efectivo) y la emisión de 4 millones de acciones comunes y restringidas, como “depósito de garantía”, por un período de tres años (ver imagen de web).

Adicional, Dominion se compromete a pagar $1.5 millón en los próximos tres años; el primer pago ya se desembolsó, según la web de la empresa. El acuerdo también contempla que Dominion invertirá $15 millones en los próximos 36 meses. Si el compromiso entre Dominion y Cuprum fue firmado el 6 de marzo de 2006, el período para completar la inversión recién se cumplió.

Paredes no precisó los montos desembolsados hasta ahora. Lo que sí dijo es que su participación en la compañía no viola la ley.

“Consulté con dos abogados antes de aceptar el puesto, que me lo ofrecieron después de haberle solicitado al Presidente me permitiese retirarme”, contó. Agregó que sus abogados “estuvieron de acuerdo en que la norma que pude haber incumplido no se aplica en este caso”. Prometió hacer llegar la opinión de los juristas, pero esto no ocurrió.

Indicó que sus tareas consisten en supervisar las inversiones de Dominion, “como CEO” [Chief Executive Office], en distintas partes del mundo; e insistió en que su empresa “nunca tramitó ni está tramitando nada con el Mici”, y que el único compromiso con Cuprum, “es de financiamiento”.

Procuradora pide archivar denuncia

Parece que el ex viceministro Paredes no tendrá que responder por la denuncia que, en su contra, presentaron tres vecinos del distrito de Donoso, que acusan al ex viceministro de favorecer las operaciones de Minera Petaquilla.

La procuradora, Ana Matilde Gómez, pidió a la Corte que archivara la denuncia por los cargos de abuso de autoridad e infracción de deberes de los servidores públicos.

También pidió un sobreseimiento definitivo en relación con los señalamientos de corrupción y delitos ambientales.

La denuncia se fundamentó en que el 15 de septiembre de 2005, Paredes certificó que Minera Petaquilla y Petaquilla Gold cumplen con todo lo establecido en su contrato ley, “y también con las normas ambientales establecidas en nuestra legislación”.

Sucede que Paredes expidió la certificación, a sabiendas –porque así se lo había comunicado reiteradamente la administradora de Anam, Ligia Castro– que Petaquilla estaba trabajando sin estudio de impacto ambiental (EIA). Pero Gómez desestimó estas pruebas, porque los denunciantes adjuntaron copias no certificadas de toda la documentación.

Petaquilla obtuvo la concesión en 1997, y por años mantuvo suspendidas las obras, dado el bajo precio del cobre en el mercado internacional. Desde principios de 2005, Anam le informó al Mici que la minera operaba sin EIA. Petaquilla alegó que su contrato no se lo exigía; el tema fue a la Corte, que le dio la razón a Anam.

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