El detector no es un instrumento confiable, porque la base de datos de la DIJ no está actualizada

¿Pele inocente o Pele culpable?

No hay constancia de alguna reglamentación o norma que sustente la implementación del ‘Pele Police’.

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PROCEDIMIENTO. La aplicación del ‘Pele Police’ –vigente desde el 27 de octubre de 2009– atenta contra varias garantías y derechos constitucionales, como el libre tránsito y la presunción de inocencia. LA PRENSA/Archivo PROCEDIMIENTO. La aplicación del ‘Pele Police’ –vigente desde el 27 de octubre de 2009– atenta contra varias garantías y derechos constitucionales, como el libre tránsito y la presunción de inocencia. LA PRENSA/Archivo
PROCEDIMIENTO. La aplicación del ‘Pele Police’ –vigente desde el 27 de octubre de 2009– atenta contra varias garantías y derechos constitucionales, como el libre tránsito y la presunción de inocencia. LA PRENSA/Archivo

La detención del periodista José Otero, el sábado pasado, no solo pone en evidencia la necesidad de actualizar la base de datos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), sino también de examinar la constitucionalidad del Pele Police o, por lo menos, reglamentar su uso.

Otero, un reportero que cubre temas judiciales para este diario, estuvo tres horas detenido en un retén policial en María Chiquita, Colón, luego de que se le aplicara el Pele Police y apareciera vinculado a un proceso judicial extinguido hace nueve años.

Pese a que el uso de este aparato afecta derechos fundamentales (como el de la libre circulación y el de la presunción de inocencia), este diario no pudo encontrar constancia de alguna ley, reglamento o norma jurídica que justifique su existencia o las razones de su implementación, desde que empezó su puesta en marcha el 27 de octubre de 2009.

La Constitución, en su artículo 27, señala: “Toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de residencia sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de migración”.

La misma Constitución, en su artículo 22, establece que toda persona detenida debe ser informada “inmediatamente y en forma que le sea comprensible” de las razones de su detención y de sus derechos legales.

Eso no fue lo que ocurrió en el caso de Otero. Ni en el retén ni en la subestación de María Chiquita le pudieron explicar –ni “inmediatamente” ni nunca– por qué estaba detenido. El dispositivo solo indicaba que era una persona “buscada” y esa frase era la que repetían los oficiales para justificar su retención.

“El Pele Police no es aplicado por personal capacitado para dar una respuesta inmediata a las personas incluidas en la lista de requeridas. Tampoco saben cuál es el proceso a seguir. Además, los retenes no tienen la capacidad para albergar a las personas aprehendidas. Las tienen que trasladar y también tienen problemas para eso, porque no hay suficientes vehículos”, señaló Otero.

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