ALQUILER DE LOCALES POR PARTE DE LA CSS

Piden juicio para exfuncionarios de la Caja de Seguro Social

El caso guarda relación con el arriendo de 32 locales en la plaza comercial El Cruce, Juan Díaz, por lo que la entidad pagó $36 mil 800 al mes durante 36 meses.

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Guillermo Sáez-Llorens, investigado por el alquiler de locales para la CSS, dice que dichos locales sí se usaron, e incluso que la presente gestión los ha utilizado Guillermo Sáez-Llorens, investigado por el alquiler de locales para  la CSS, dice que dichos locales sí se usaron, e incluso que la presente gestión los ha utilizado
Guillermo Sáez-Llorens, investigado por el alquiler de locales para la CSS, dice que dichos locales sí se usaron, e incluso que la presente gestión los ha utilizado La Prensa/Archivo

La Fiscalía Tercera Anticorrupción solicitó al Juzgado Decimosegundo Penal que llame a juicio a cuatro exfuncionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) por supuestas irregularidades en un contrato para el alquiler de locales pactado durante la pasada administración.

Se trata del ex director general de la CSS Guillermo Sáez-Llorens; Alberto Maggiori Toledano, exdirector de Administración de Finanzas de la CSS; Indira Frauca de Afú, exarquitecta de la CSS, y Lineth Monterrey, exdirectora nacional de Ingeniería y Servicio de Apoyo de esta entidad.

A ellos se les acusa de la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, y tienen impedimento de salida del país por este proceso.

Marlon de Souza, exsubdirector de la institución pública, también fue incluido en esta pesquisa, pero la fiscal Zuleyka Moore solicitó que se le sobreseyera.  

Mientras, la semana pasada el Juzgado Decimosegundo Penal fijó audiencia preliminar del caso para el jueves 19 de mayo de 2016, a las 9:30 a.m., y como fecha alterna se propuso el 3 de junio del año en curso, a las 8:30 a.m.

ORIGEN

Este caso surgió a raíz de una denuncia interpuesta por el asegurado Pedro Montañez, quien alegó supuestas irregularidades por parte de los exfuncionarios en el alquiler de 32 locales y un lote de terreno ubicados en la plaza comercial El Cruce, en Juan Díaz, propiedad de la compañía Irnico, S.A., del empresario Fotis Taquis.

El costo de alquiler, de acuerdo con el contrato, se negoció por $36 mil 800 por mes, durante 36 meses.

Según Montañez, los locales “no fueron ocupados”. El uso de los fondos para el arrendamiento de estos depósitos fue autorizado por la directiva de la CSS en 2012.

Guillermo Puga, sindicalista y exdirectivo de la CSS, manifestó en su momento que cuando Sáez-Llorens sustentó la contratación ante la junta directiva dijo que era “urgente”, porque los edificios 10-10 y 10-15, que tiene la entidad en Curundú, iban a ser demolidos por la construcción de la primera línea del Metro. “Los edificios nunca fueron demolidos”, agregó Puga, quien fungió como testigo del caso ante el Ministerio Público. “No fue real lo que se planteó en la directiva”, acotó.

‘LOCALES SE USARON’

Consultado al respecto, Sáez-Llorens manifestó que la investigación de la Fiscalía Tercera Anticorrupción “se basa en un informe técnico de auditoría amañado”.  

“Nos hicieron ver que los locales no se usaron, y siempre se usaron desde el inicio”, añadió.

Incluso, dijo que esos recintos los continúa usando la actual administración de la CSS. A su juicio, los auditores de la Caja tienen “instrucción de perjudicar a los que han sido funcionarios en la administración pasada”.

“Hemos demostrado durante todas las indagatorias que los auditores se contradicen. De hecho, lo único que me adjudican es que yo di un visto bueno al inicio [del contrato] y como daba todos los vistos buenos, no significaba que era la firma de un contrato, sino [un requisito] para que siguiera todo el proceso administrativo”, sustentó.

Recordó también que el contrato se presentó a la junta directiva, donde se sustentó y fue aprobado.

Detalló que de Souza era investigado por la firma del contrato, pero que en la vista fiscal “lo sacaron porque al final la fiscal se dio cuenta de que no había nada indebido con la firma”.

Por esto, considera que él no debe ser procesado, ya que solo se limitó a dar “un visto bueno” al comienzo del proyecto. “Por eso no entiendo qué está pasando en Panamá”, acotó.

Sáez-Llorens tiene otros tres procesos en el Ministerio Público, donde uno tiene que ver con la muerte de neonatos de la CSS en 2013; otro que guarda relación con la ciudad hospitalaria, hoy Ciudad de la Salud; y un tercero por la compra de un sistema tecnológico (SAP) que fue implementado en la Caja de Seguro Social.

La Prensa también llamó a Alberto Maggiori Toledano para que diera su versión sobre el particular, pero no respondió a las llamadas. Su abogado, Dimas Guevara, tampoco contestó.

Mientras que Indira Frauca de Afú y Lineth Monterrey no pudieron ser localizadas.

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