Cuatro años después del envenenamiento masivo

Piden juicio para 22

La fiscalía encontró pruebas contra dos ex directores, los jefes del Laboratorio y Compras, y ex miembros de la junta directiva de la CSS.

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PROTESTA. Las víctimas del envenenamiento cerraron ayer la Transístmica. LA PRENSA/Jorge Fernández PROTESTA. Las víctimas del envenenamiento cerraron ayer la Transístmica. LA PRENSA/Jorge Fernández

PROTESTA. Las víctimas del envenenamiento cerraron ayer la Transístmica. LA PRENSA/Jorge Fernández

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Finalmente, y tras cuatro años de investigación, el Ministerio Público (MP) remitió la vista fiscal por el caso del envenenamiento masivo con dietilene glycol, que han causado la muerte de, al menos, 165 personas, a la Corte Suprema de Justicia.

En el documento que llegó ayer a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el procurador encargado, Giuseppe Bonissi, solicitó el llamamiento a juicio de 22 personas y sobreseimiento para cuatro.

Bonissi pidió enjuiciar a los ex directores de la Caja de Seguro Social (CSS) René Luciani y Juan Jované, y al ex director de Farmacias y Drogas Pablo Solís. Este criterio es contrario al emitido en una vista fiscal anterior, enviada el 31 de octubre de 2008 por la entonces procuradora Ana Matilde Gómez, en la que se pidió sobreseimiento para los tres.

Bonissi, además, solicitó procesar a Teófilo Gateno, de Davivienda (que financió la compra del dietilene glycol); la española Asunción Criado (de Rasfer, empresa que despachó el tóxico); la ex jefa del laboratorio que produjo los medicamentos con dietilene glycol Linda Thomas; el ex jefe de Compras de la CSS Alexis Zuleta, y varios ex funcionarios y ex directivos de la entidad. Sobre estos últimos, Bonissi señaló que no atendieron los informes sobre las malas condiciones del Laboratorio de Producción de Medicamentos ni ordenaron su cierre, pese a que hubo “alertas” de advertencia.

Del mismo modo se solicitó procesar a cuatro ex directivos de Medicom, empresa que vendió el dietilene glycol. Uno de ellos, Ángel De la Cruz, está en prisión preventiva.

En contraste, se pidió sobreseimiento provisional para el ex subdirector de la CSS Rolando Villalaz, y el ex miembro de la junta directiva de la entidad José Agustín Preciado, y definitivo para Marcos Murillo y Jipsa Ávila de Burnett.

Carlos Carrillo, abogado de Luciani, alegó que la vista fiscal desconoce un fallo de la Sala Penal que desvinculó a su cliente de los hechos que provocaron que la CSS fabricara medicamentos envenenados.

En el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) hay mil 691 historias clínicas de personas que aseguran estar contaminadas por el tóxico. Además, otros mil 909 casos esperan ser enviados al Imelcf.

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