ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA.

Piden más tiempo para las reformas penales

Carlos Lee Carlos Lee
Carlos Lee

Un proceso de reforma a los Códigos Penal y Procesal Penal necesita al menos tres meses de consulta para lograr el consenso necesario, dijo ayer Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

En consecuencia, el grupo insistió en que se retire de la Asamblea los citados proyectos y se cree un comité que incorpore las sugerencias de la Comisión Técnica del Pacto de Estado por la Justicia, instancia que trabajó las reformas antes de que pasaran a manos de la Comisión Codificadora.

Según Lee, los documentos tienen "debilidades" como la creación del Juez de Garantías con extensas facultades investigativas, que aumentan la confusión con el trabajo que hace el Ministerio Público.

Lee también hizo alusión a los costos de la aplicación de la reforma. Según estimaciones de la Alianza, solo los salarios de los citados jueces de garantías representarían unos 25 millones de dólares anuales.

PRIVILEGIOS

El grupo volvió a rechazar los privilegios que establecen los proyectos para magistrados y diputados, así como la creación de una Sala de Garantías, mientras la Comisión de Estado por la Justicia no defina las prioridades de la reforma.

Las declaraciones de Lee se dieron tras una asamblea de la Alianza donde se incorporaron cinco nuevos miembros a la red: la Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales, el Centro de Socorro Jurídico y de Derechos Humanos, el Centro de Estudio y de Acción Social de Panamá, la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá y la Central General de Trabajadores.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, Raúl Rodríguez, rechazó la solicitud de los miembros de la Alianza.

En consecuencia, ayer siguió el proceso de consulta en la comisión, con la participación de instituciones como las autoridades de Aeronáutica Civil, del Canal, de Protección de Consumidores, del Ambiente, el Consejo de Transparencia o la Defensoría del Pueblo.

Todos los participantes solicitaron algunas modificaciones. En ese sentido, la defensora del Pueblo encargada, Mónica Pérez, apoyó las recomendaciones hechas por las organizaciones de mujeres en relación al tratamiento del acoso sexual y la violación.

Por su parte, la secretaria de Transparencia contra la Corrupción, Alma Montenegro de Flecther, no quiso opinar sobre la petición de suspensión del debate hecho por la Alianza Ciudadana y agregó que el período de consultas que realiza la Asamblea era el momento para presentar propuestas de modificación.

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