CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

‘Pinchazos’ telefónicos en manos de Spadafora

Ana Matilde Gómez  Ana Matilde Gómez
Ana Matilde Gómez

El pleno de la Corte Suprema de Justicia debate las facultades de la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, para ordenar la intervención de las conversaciones privadas.

Dos recursos de inconstitucionalidad que atacan la potestad de la jefa del Ministerio Público (MP) están en la etapa de análisis en el despacho del magistrado Winston Spadafora Franco, quien actúa como ponente en ambos casos.

La primera acción pide la inconstitucionalidad de una resolución en la que la Procuradora ordenó la intervención y grabación de las conversaciones telefónicas de Arquímedes Sáez, a la sazón, fiscal en La Chorrera, contra quien pesaba una denuncia por el supuesto cobro de dinero para favorecer con una medida cautelar menos severa a una detenida.

El otro caso tiene como proponente al abogado Sergio Morales, quien pidió a la Corte declarar inconstitucional un artículo de la Ley 16 de 31 de marzo de 2004, relacionada con la prevención y clasificación de los delitos contra la integridad y la libertad sexual.

La norma, en su artículo 16, establece que cuando existan "indicios graves", el Procurador General de la Nación podrá ordenar la intercepción y registro de las comunicaciones telefónicas, de correos electrónicos o en foros de conversaciones a través de la red en las que participen personas investigadas por estos delitos.

Ambas peticiones de inconstitucionalidad se fundamentan en que el artículo 29 de la Constitución establece que todas las conversaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial. También citan el artículo 202 del mismo documento que establece que el órgano Judicial está constituido por la Corte, los tribunales y los juzgados que la Ley establezca. Es decir, son esas instancias las facultadas para ordenar las intervenciones telefónicas.

Su posición tiene el respaldo del procurador de la Administración, Óscar Ceville, quien solicitó, en ambos casos, que la Corte declare inconstitucional esa facultad del MP.

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