JUSTICIA DE PAZ CAUSA CONTROVERSIA.

Polémica en el seno de la Comisión de Estado

Los miembros del ente no se ponen de acuerdo sobre la sustitución de corregidores y jueces nocturnos.

La discrepancia surgida en el seno de la Comisión de Estado por la Justicia en torno a los jueces de paz, ha provocado que en las dos últimas semanas no se haya reunido esa instancia nacida del Pacto de Estado, de marzo de 2005, la cual tiene la facultad de aprobar esa iniciativa de reformas.

Por segunda vez en menos de dos semanas, la reunión prevista para el pasado jueves, que tenía en su agenda la discusión de la propuesta de reemplazar a los corregidores y jueces nocturnos por jueces comunitarios, no se llevó a cabo.

“No hay ambiente”, dijo una fuente de la Procuraduría de la Administración, que funge como coordinadora del ente.

El procurador de la Administración, Oscar Ceville, quien integra la Comisión de Estado, ha evitado referirse al tema.

En cambio, Magaly Castillo, secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, que figura entre los ocho miembros de la Comisión de Estado, fue directa: “nuevamente se pospone la reunión de la comisión, ya que no se quiere discutir el tema de la justicia de paz”, dijo.

Castillo recordó que más de 30 organizaciones ciudadanas pidieron sustituir la actualjusticia de corregidores por una justicia desjudicializada y despolitizada, que deje atrás las violaciones a los derechos humanos que se registran con frecuencia en las 621 corregidurías y cuatro juzgados nocturnos que operan en el país.

Hoy en día, los corregidores son nombrados por los alcaldes y los jueces nocturnos por el Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno y Justicia.

La propuesta busca que los nuevos jueces sean designados por una comisión en la que participen representantes de organizaciones y de la sociedad civil, y que esté encabezada por el Órgano Judicial.

El aparente consenso sobre el tema se rompió luego que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchell, hizo público su interés de controlar la designación de los jueces de paz.

“Todo lo que sea administrar justicia debe estar en manos del Órgano Judicial”, ha insistido Mitchell.

Pero Castillo tiene una explicación a la actitud asumida en la Comisión de Estado. “Por una parte, los políticos no quieren perder el poder que representan los corregidores y, por la otra, el poder judicial quiere controlar la justicia de paz, cuando tiene serios problemas de efectividad”, dijo.

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