el código judicial señala que el procurador encargado debe ser funcionario del ministerio público; bonissi no lo es

Presidencia desafía a Gómez

La Procuradora dijo que en su ausencia la remplazaría el fiscal Luis Martínez, pero la Presidencia ya tiene a otra persona para ese puesto.

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Ana Matilde Gómez se convirtió ayer en la segunda procuradora de la Nación separada del cargo, en medio de una investigación penal.

El primero fue Rogelio Cruz, en 1992.

Ayer, Gómez llegó a las 8:00 a.m. a su despacho, y salió a las 10:35 a.m. Casi cuatro horas después, a las 2:14, regresó y se encerró en su oficina con su equipo más cercano: el secretario general Rigoberto González; el fiscal especial Dimas Guevara; los fiscales anticorrupción Ramsés Barrera y Abril Arosemena, y el fiscal auxiliar Luis Martínez. A las 6:15, cuando se dirigió a los medios de comunicación, anunció que este último la remplazaría durante su ausencia temporal.

Poco antes había hablado González. “Vamos a enfrentar esto con dignidad, y la historia nos colocará en el lugar que nos corresponde”, aseguró González a los periodistas.

No quiso calificar la resolución de la Corte que ordenó la suspensión de Gómez. “Solo puedo decir que es un fallo dividido... No voy a hablar de un fallo político, porque no puedo hacer opiniones de ese tipo”, sostuvo.

Gómez insiste en que su suspensión es temporal e invocó el artículo 224 de la Constitución y el 24 del Código Judicial, que habla de las ausencias temporales, para reforzar su argumento (ver cuadro).

Pero el presidente, Ricardo Martinelli –un duro crítico de la gestión de Gómez–, tiene otros planes.

Mientras ella hablaba a los periodistas, la Presidencia divulgó un boletín de prensa en el que anunció la próxima designación de Giuseppe Bonissi como procurador de la Nación.

La Presidencia ­según el comunicado­ se basa en el numeral 2 del artículo 200 de la Constitución, que señala que el nombramiento del Procurador es función del Consejo de Gabinete.

No se especifica en qué momento los ministros se reunieron para consensuar y decidir la designación de Bonissi, tomando en cuenta que el mandatario Ricardo Martinelli y su vicepresidente y canciller se encuentran en viajes oficiales desde el pasado martes: primero en Honduras, y ahora en el foro económico de Davos, Suiza. También hay otros ministros atendiendo asuntos oficiales en Europa.

Además, el eventual nombramiento de Bonissi –según el mismo artículo 200 al que apela la Presidencia– tendría que ser sometido a la aprobación de la Asamblea. Y allá, por ahora, nadie conoce del tema.

“No sé absolutamente nada”, reconoció anoche el presidente de la Asamblea, José Luis Varela.

Si el Presidente insiste en su empeño de designar a Bonissi, tendría menos de una semana para reunir a su Gabinete, aprobar el nombramiento y enviar la documentación a la Asamblea para su ratificación –primero, en la Comisión de Credenciales, luego en el pleno­.

El comunicado de la Presidencia reconoce que la suspensión de Gómez será efectiva por el tiempo que dure el proceso judicial en su contra. No obstante, el artículo 200 de la Constitución aplica cuando el cese es definitivo, no temporal.

Además, la designación de Bonissi, de carácter temporal, violaría la Constitución, que señala que el Procurador encargado debe ser un funcionario del Ministerio Público. Bonissi no lo es.

El mismo comunicado presidencial indica que “en virtud de la orden de infomar al Presidente de la República contenida en el referido fallo”, le corresponde al Consejo de Gabinete acordar el nombramiento del reemplazo de Gómez. Sin embargo, “el referido fallo” al que se hace mención no existe como tal.

En el Órgano Judicial, por ahora, no hay fallo, sino un boletín de la Secretaría de Comunicación que da a conocer que en la solicitud para suspender a Gómez, cinco magistrados votaron a favor y cuatro en contra.

La Corte anunció que la resolución relativa a Gómez, será formalizada el próximo 4 de febrero, cuando expire el período para anexar los salvamentos de voto de los magistrados Harley Mitchell, Jerónimo Mejía y Oydén Ortega.

Para Juan Antonio Tejada, lo ocurrido ayer no tiene precedentes en la historia judicial y política del país.

“El país amanece con tres procuradores: una Procuradora titular suspendida; un Procurador encargado designado constitucionalmente por la Procuradora, y un Procurador que anuncia el Ejecutivo que va a designar en los próximos días”.

(Con información de Kemy Loo, William Sala y Mónica Palm).

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