Lucha. Otra vez está en manos de la Corte la decisión de investigar.

Privilegios están bajo la lupa

En 2004, Aduana intentó investigar: La Procuraduría de la Administración dijo que no había defraudación.

Moscoso, en junio de 2004, aprobó un decreto en el que prohibía trasferir autos antes de dos años.

Los cambios están en manos de los diputados.  Los cambios están en manos de los diputados.
Los cambios están en manos de los diputados.

El escándalo de los autos exonerados de los diputados sigue provocando reacciones y promesas de acción. Y entre todas ellas, la de la procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, podría llevar a los vinculados a los hechos al banquillo de los acusados.

Aunque el tema adquirió mayor notoriedad pública a partir del pasado 3 de julio, cuando este diario desenmarañó la telaraña que construyen diputados de oposición y de gobierno, así como particulares –con la asesoría de abogados, intermediarios y vendedores– para obtener un lujoso auto sin pagar los impuestos, el negocio es de vieja data.

Sin embargo, en esta ocasión se han multiplicado las voces que piden una investigación, como la de Alma Montenegro de Fletcher, secretaria ejecutiva del Consejo de Transparencia contra la Corrupción. La funcionaria no solo pidió una investigación, sino también exigió la eliminación de los privilegios.

Vieja costumbre

Esta historia tiene un antecedente. Hace poco más de un año, este mismo diario denunció un esquema similar al descubierto hace dos semanas, aunque los protagonistas eran otros.

Las consecuencias de aquella investigación no pasaron de la retórica y las promesas nunca cumplidas de los diputados. Ninguna autoridad asumió la responsabilidad de investigar.

Únicamente la entonces directora General de Aduanas, Mercedes García de Villalaz, tuvo un callado gesto al consultar a la entonces Procuradora de la Administración, en ese momento Alma Montenegro de Fletcher.

En la consulta, hecha el 27 de febrero de 2004, Villalaz preguntaba si la Dirección de Aduanas tenía competencia para investigar estas exoneraciones y el traspaso de los vehículos a terceros.

Semana y media más tarde, Montenegro de Fletcher respondió lo siguiente: "La Dirección General de Aduanas (...) debe investigar y sancionar fraudes e infracciones a las leyes aduaneras. Somos de la opinión jurídica que no se está en presencia de un fraude o infracción a las leyes aduaneras, por lo cual no existen presupuestos para el inicio de una investigación por parte de la Dirección de Aduanas".

Pero no fue la primera vez que su opinión viajó en línea contraria al reclamo popular.

Cuando el ex legislador y abogado Guillermo Cochez presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 238 del Reglamento Interno de la cámara que autoriza la importación de vehículos libre de impuestos, no contó con el apoyo de la entonces procuradora.

El 28 de junio de 2000, Montenegro de Fletcher consideró "que los privilegios que el Artículo 238 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa otorga a los miembros principales del Parlamento (franquicia postal, telefónica y telegráfica, importación libre de derecho de introducción y demás gravámenes de un vehículo cada dos años, para su uso personal y la expedición de pasaporte diplomático), no constituyen un fuero o privilegio concedido a los legisladores en atención a sus personas individualmente consideradas, sino a la condición o estatus que ellos detentan". La Corte rechazó la demanda.

La ex procuradora de la Administración y hoy encargada de impulsar políticas públicas contra la corrupción justificó su anterior posición, alegando que "mientras estas prerrogativas estén en la ley, hay que respetarla". Por eso, agregó, ha solicitado su eliminación.

Autorizados

Pero esa "opinión jurídica" de marzo del año pasado, tuvo otra consecuencia. El 30 de junio de 2004, el Consejo de Gabinete del gobierno de Mireya Moscoso emitió un decreto en el que regulaba el régimen aduanero. Allí se determinó que los bienes importados libre de impuestos solo pueden transferirse a terceros cuando hayan transcurrido dos años.

Precisamente este decreto figura entre los sustentos legales que usaría la Procuraduría de la Nación para pedir la apertura de una investigación a los "honorables diputados".

Relacionado: Transparencia a cuentagotas en Aduanas

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