TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE.

Procuraduría emite las directrices a los fiscales

Ana Matilde Gómez  Ana Matilde Gómez
Ana Matilde Gómez

La Procuraduría General de la Nación, mediante Resolución No. 63, emitió una serie de directrices sobre la función de los fiscales en la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, aprobadas en el VIII Congreso de las Naciones Unidas, celebrado en La Habana, Cuba, en 1990.

Entre algunos de los resueltos que salieron ayer en la Gaceta Oficial No. 25,353, se señala que los fiscales y personeros, en su calidad de miembros esenciales de la administración de justicia, mantendrán el honor y la dignidad de su profesión.

Las autoridades proporcionarán protección física a los fiscales, personeros y a sus familias en caso de que su seguridad personal se vea amenazada.

En la Gaceta Oficial también se plantea que los funcionarios de instrucción, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud; respetar y proteger la dignidad humana, y defender los derechos humanos para contribuir a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal.

No obstante, una de las quejas de la ciudadanía es el abuso que cometen los fiscales en la aplicación de la detención preventiva.

Con estos excesos los funcionarios de instrucción atentan contra los derechos humanos de los ciudadanos, que muchas veces al final resultan inocentes, indicó el ex fiscal Armando Fuentes.

En caso de que los fiscales y personeros tengan motivos para estimar que se ha cometido, o está por cometerse, una violación de las directrices, deberán comunicarlo a sus superiores jerárquicos y, cuando sea necesario, a otras autoridades u órganos competentes.

Los funcionarios de instrucción considerarán las opiniones e inquietudes de las víctimas cuando se vean afectados sus intereses personales, y asegurarán que se informe a las víctimas de sus derechos, contemplados en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y el Abuso del Poder.

Los fiscales prestarán la debida atención al enjuiciamiento de los funcionarios que hayan cometido delitos, especialmente en los casos de corrupción, abuso de poder, violaciones graves de derechos humanos y otros delitos reconocidos por el derecho internacional, y cuando lo autoricen las leyes.

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