eduardo guevara es el nuevo secretario general en el ministerio público

Querella propicia cambios

El ahora abogado de la Procuradora, Rigoberto González, dice que esta sí tenía facultades para intervenir teléfonos.

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La denuncia de Arquímedes Sáez contra Ana Matilde Gómez y Rigoberto González, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, ya se deja sentir en el engranaje del Ministerio Público.

En la tarde de ayer, González anunció su renuncia como secretario general de la institución para asumir su defensa y la de Gómez. Lo reemplaza Eduardo Guevara, fiscal superior de asuntos civiles, quien será reemplazado por César Moreno.

González dijo que tomó la decisión el sábado pasado y que está confiado en probar su inocencia y la de quien fuera su jefa. Su principal argumento es que la Procuradora sí tenía facultades legales cuando ordenó la intervención y grabación de algunas conversaciones telefónicas, como parte de una operación encubierta seguida a Sáez, entonces fiscal de La Chorrera, en 2005.

La Ley 13 de 1994 determinó que las interceptaciones telefónicas recaían en el Procurador de la Nación, exclusivamente. No obstante, a finales de 2004 la Constitución fue modificada, quedando la Ley 13, en la práctica, en el limbo. Así fue hasta que en julio de 2007, el pleno de la Corte –a pedido de Sáez– falló que los pinchazos ordenados por Gómez, eran inconstitucionales.

Fue así como en julio pasado, Sáez presentó una querella penal contra Gómez y González. El 24 de septiembre, el secretario general de la Procuraduría de la Administración, Nelson Rojas, empezó las investigaciones. En este caso, Rojas actúa como procurador encargado, ya que el titular, Oscar Ceville, se declaró impedido.

Aún no se sabe quién investigará a González. La Ley de Procedimiento Penal dice que esta tarea recae en el Procurador de la Nación, pero Gómez se declaró impedida y mandó el caso a la Corte, para que decidiera.

Sáez está libre bajo fianza y un juzgado dictó llamamiento a juicio en su contra desde diciembre de 2008, al ser sorprendido in fraganti recibiendo una coima, en su residencia de San Antonio, en esta capital. Por este caso, Gómez lo separó del cargo.

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