'CÓDIGO ELECTORAL'

Con ‘el cierre de un medio pierde toda la sociedad’

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César Montufar exasambleísta ecuatoriano, Catalina Botero, ex Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Carlos Ayala, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Felipe González, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. César Montufar exasambleísta ecuatoriano, Catalina Botero, ex Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Carlos Ayala,  expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Felipe González, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

César Montufar exasambleísta ecuatoriano, Catalina Botero, ex Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Carlos Ayala, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Felipe González, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Foto por: LA PRENSA/Roberto Cisneros

El diálogo fue moderado por Guillermo Adames, presidente del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, y Atenógenes Rodríguez, presidente del Consejo Nacional de Periodismo (sentados en el medio) El diálogo fue moderado por Guillermo Adames, presidente del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, y Atenógenes Rodríguez, presidente del Consejo Nacional de Periodismo (sentados en el medio)

El diálogo fue moderado por Guillermo Adames, presidente del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, y Atenógenes Rodríguez, presidente del Consejo Nacional de Periodismo (sentados en el medio) Foto por: LA PRENSA/Roberto Cisneros

Expertos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, derecho constitucional y derecho público calificaron como “restrictivas de la libertad de expresión” algunas de las normas contenidas en el Código Electoral vigente, y en el proyecto 292 de reformas electorales que se discute por estos días en la Asamblea Nacional.

Ayer, en el conversatorio Reforma Electoral: Equilibrio de poderes, elecciones libres y libertad de expresión, organizado por el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y el Fórum de Periodistas, fueron analizados el proyecto 292 y algunas aspectos de la actual ley electoral, con sus implicaciones en la libertad de expresión.

Algunas de las propuestas contenidas en el proyecto 292 fueron consideradas por los expertos como “ambiguas y desproporcionadas” y hasta promotoras de la censura de los medios de comunicación.

Catalina Botero, ex Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ejemplo, advierte que [en el país] existen normas que afectan la libertad de expresión como la que alude al “cierre inmediato” de medios cuando se transgredan normas de propaganda electoral. [Artículo 409 del Código Electoral vigente].

HAY CENSURA

Para la abogada colombiana, experta en derecho internacional de los derechos humanos y derecho constitucional, “el cierre de medios, en sí misma, ya es una norma que tiene que ser rechazada inmediatamente sin discusión; nadie puede cerrar un medio de comunicación”.

Recordó que la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos establece que el ejercicio de la libertad de expresión conduce a responsabilidades ulteriores, “por lo que el cierre de un medio de comunicación es una forma de censura”.

“Eso está prohibido, no solo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino también en el sistema de Naciones Unidas”, planteó.

También cuestionó la propuesta que faculta al Tribunal Electoral (TE) para aprobar el plan de medios o estrategias de campañas de los partidos, que según el proyecto sería financiada con recursos públicos.

En tal sentido, explicó que aunque es cierto que hay que controlar la inversión de los recursos públicos, “esta es una norma que afecta de manera radical la libertad de expresión”.

Sostuvo que el plan de medios de los partidos “es la pieza estratégica en una campaña electoral que tiene que desarrollarse en libertad y en secreto”.

De igual manera, y con relación a la negociación de tarifas para propaganda política por parte del TE, y los proveedores, aseguró que si bien es cierto que los medios pueden usar actualmente tarifas diferenciadas, con la norma propuesta el TE puede utilizar esa herramienta contra los que están siendo críticos a su gestión bajo el argumento de que no cumplen.

A la vez, [el TE] puede premiar a los medios que lo aplauden. “Creo que este podría convertirse en un mecanismo de censura indirecta”, advirtió. En cuanto a la disposición que restringe las campañas negativas, indicó que algunas expresiones suelen ser ambiguas, como la injuria.

“Que tal candidato es corrupto, o que en el gobierno en el cual estuvo aprobó contratos para comprar unos bienes que eran innecesarios o inútiles con unas comisiones desproporcionadas; y decir que esa persona es corrupta ¿es injurioso? ¿O eso es parte del debate?, ¿o eso es parte de la liberación democrática?”, cuestionó.

“Me parece que incluir expresiones vinculándolas con la prohibición de campaña negativa es impedir la liberación democrática y no promoverla”, destacó.

AMPLIAS FACULTADES

Por su parte, el chileno Felipe González, expresidente de la CIDH, consideró que el cierre de medios “es una forma de censura y tiene un impacto colosal en el ejercicio del desarrollo del debate público”.“Esta sanción resulta desproporcionada y, al final, tiene un efecto mucho más gravoso que lo que se pretende evitar”, afirmó.

De igual manera se refirió a las tarifas para propaganda política que negociaría el TE con los proveedores. Advirtió que con esta medida se pueden estar invadiendo funciones propias de los partidos políticos. También cuestionó que se le exija a los medios que tengan solvencia y un estado financiero, para proveer propaganda electoral.

“Se sobreentiende el fin loable de esta posición, pero también se presta para limitar el tipo de medio, como los alternativos, que pueden ser importantes para los partidos políticos en la divulgación de su promoción”, argumentó.

González planteó que al entregarles una gran cantidad de facultades al Tribunal Electoral, que en su mayor parte son discrecionales, hay un riesgo ya que se puede prestar para que se cuestione la legitimidad del organismo electoral por parte de aquellos partidos que pierdan las elecciones.

“Hay un problema de facultades muy amplias, y [resalta] el hecho de que las está asumiendo el propio organismo que organiza los eventos electorales”, señaló.

SOBREREGULACIÓN

Luego le correspondió el turno al columnista de El Comercio (Ecuador) y también exasambleista de ese país César Montufar, quien habló acerca de la ley de comunicación y las regulaciones electorales en Ecuador, y sus lecciones para América Latina.

A su juicio, aunque el proyecto 292 busque adaptar la legislación del sistema electoral panameño a estándares internacionales de equidad y transparencia, el mismo promueve una tendencia hacia “la sobrerregulación” de las condiciones comunicacionales y financieras de los procesos electorales.

Sostuvo que la tendencia a las sobrerregulaciones parece un proceso que se ha iniciado en la región, sin embargo, destacó que es necesario no caer en los extremos. Coincidió en que entregar mucho poder a una autoridad, en este caso electoral, es negativo y no ayuda al procesos electoral.

“El fortalecimiento innecesario de la autoridad electoral genera más problemas que ventajas en el proceso electoral. Siempre existe la posibilidad de que la entidad electoral pierda su independencia, como en el caso de Ecuador”, dijo. “Una súper poderosa autoridad electoral constituye una carta muy peligrosa que debería evitarse”, dijo.

Cuestionó que sea el TE el encargado de pactar las tarifas de la propaganda electoral con los medios de comunicación. “La relación entre el TE y los medios se convierte en económica, lo que es complicada y genera muchísimo espacio para la corrupción. No hace bien al proceso democrático”, dijo.

En tanto, el venezolano Carlos Ayala, abogado especialista en derecho público y también expresidente de la CIDH, se refirió a las garantías reforzadas para el ejercicio de la libertad de expresión como condición para la realización de las elecciones libres y competitivas.

Durante su exposición, resumió la situación en su país respecto a la libertad de expresión, señalando que en Panamá se está a tiempo de mejorar la propuesta de reformas electorales.

“No hay democracia sin libertad de expresión, ya que a mayor libertad de expresión, mejor democracia y por ende mayores índices de Estado de derecho”, dijo. Recordó que la importancia del periodismo y los medios para la democracia tiene que ver con que “solamente un ciudadano bien informado que ha escuchado el debate, y que tiene acceso a diversas opiniones, puede decidir libremente”.

De lo contrario, añadió, se pretenderá condicionar la voluntad de los ciudadanos para poder ejercer sus derechos políticos, que se deben ejercer sin censura, ni presiones. Manifestó que las normas que desarrollan sanciones deben basarse en la tipicidad y la proporcionalidad, entre otros aspectos. “Las sanciones deben ser razonables y apropiadas al tipo de infracciones”.

Atenógenes Rodríguez, presidente del Consejo Nacional de Periodismo, por su lado, opinó que con el cierre de un medio en un proceso electoral se cierra la democracia y se vicia el proceso electoral.

“Todos respetamos y destacamos el importante rol que ha jugado el Tribunal Electoral, y por eso más que nada lo que tratamos es de mejorar la discusión que se lleva adelante en la Asamblea. Mientras los diputados estén más y mejor informados sobre este tema, será de beneficio para todos”, afirmó.

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