PROYECTO DE LEY. PIEZAS arqueológicas panameñas han SIDO vendidAS EN SUBASTAS.

Rejas para los huaqueros

La huaquería se castiga como falta administrativa. Las multas van de 10 mil dólares hasta 50 mil dólares.

ARqueOlogía. Las piezas, tanto de barro como de oro, son parte de la memoria colectiva del país. ARqueOlogía. Las piezas, tanto de barro como de oro, son parte de la memoria colectiva del país.
ARqueOlogía. Las piezas, tanto de barro como de oro, son parte de la memoria colectiva del país.

Quienes se dedican a la huaquería y al comercio de esos bienes culturales, podrían pronto empezar a pagar tras las rejas el daño que hacen a la memoria colectiva del país.

La excavación clandestina de sitios arqueológicos y el tráfico de las piezas así halladas en mercados internacionales, podría por fin ser castigado penalmente, si se aprueba en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que se está cocinando en la Dirección de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (Inac), ya que Panamá aún no tiene una legislación que sancione con pena de prisión a quienes cometen este ilícito.

Los intentos por penalizar esta actividad no son nuevos. El actual sería el cuarto. Desde 1970 existió el compromiso de penalizar lo que hoy día se castiga como una simple falta administrativa, cuya multa va de los 10 mil dólares hasta los 50 mil dólares. El intento más reciente de aprobar sanciones penales a esta actividad, ocurrió durante el gobierno de Mireya Moscoso, cuando el ex director del Inac Rafael Ruiloba, se reunió con el procurador de la Nación José Antonio Sosa, para coordinar la modificación de un anteproyecto de ley que al final no se concretó.

Nuevo intento

Ahora, el director de Patrimonio, Domingo Varela, ha dado un nuevo impulso a esta idea para poder castigar tanto a quienes destrozan los sitios arqueológicos en busca de piezas precolombinas, como a quienes las compran y a quienes las trafican.

La propuesta, que está en su fase final de depuración, será presentada pronto a la consideración de la Asamblea Nacional. "Las penas contempladas en la legislación actual son administrativas y benignas si se comparan con el daño que se está haciendo", agrega Varela.

La norma vigente que castiga estas actividades, la Ley 14, modificada por la Ley 58 de 2003, no es específica en algunos temas, por lo que se está tratando de hacer una nueva ley general de patrimonio histórico que adopte los últimos convenios internacionales, resoluciones e inclusive que regule a los coleccionistas de bienes culturales que se prestan para el tráfico.

La huaquería, explicó Varela, tiene su razón de ser cuando hay altos niveles de pobreza y se sabe que excavar estos sitios reporta beneficios económicos. "Lo que se quiere es que los hallazgos reviertan en beneficio de las poblaciones a través de centros de interpretación o pequeños museos para atraer a los turistas", agrega.

Esta iniciativa es bien vista por el ex director de Patrimonio, Eduardo Tejeira Davis, quien considera que las multas no han sido eficaces para evitar que esta actividad continúe.

PIEZAS ROBADAS

En una reunión con la Interpol realizada en Cuba, del 13 al 17 de diciembre del año 2005, en donde se trató el tema del tráfico ilícito, Varela se percató de que Panamá solo había declarado la sustracción de siete piezas del Salón del Oro del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, el 14 de febrero de 2003. Al revisar la lista de la Interpol se dio cuenta de que las piezas no correspondían con las del hurto.

Como estas piezas probablemente habían sido puestas a la venta en el mercado internacional, Varela se comunicó con la directora de Interpol en Panamá, Sanya Salcedo, quien le confirmó que las piezas no habían sido declaradas. Por ello, presentó la denuncia formal al director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Jaime Jácome, el 30 de diciembre de 2005, para que él diera la información a la Interpol. La denuncia da cuenta de un listado de 18 piezas de orfebrería, que aún no han sido recuperadas.

Según la PTJ, Interpol de Panamá todavía está en proceso de remisión de la información a la Secretaría General de la Interpol en Francia.

(Vea Los convenios que protegen el patrimonio)

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