programa de gobierno empieza a incomodar a moradores costaneros

Residentes de las costas, en ascuas por sus tierras

Pequeñas comunidades costeras desaparecen ante el ‘boom’ inmobiliario y turístico. Las casas son derrumbadas y los residentes, desalojados.

PAISAJE. Los terrenos de Donatilo Jiménez llegan a la playa La Colorada, en la costa arriba de Colón, con vistas muy atractivas para proyectos turísticos. LA PRENSA/Maydée Romero PAISAJE. Los terrenos de Donatilo Jiménez llegan a la playa La Colorada, en la costa arriba de Colón, con vistas muy atractivas para proyectos turísticos. LA PRENSA/Maydée Romero
PAISAJE. Los terrenos de Donatilo Jiménez llegan a la playa La Colorada, en la costa arriba de Colón, con vistas muy atractivas para proyectos turísticos. LA PRENSA/Maydée Romero

Una ola de desalojos inunda las comunidades costeras del país y arrasa, en algunos casos, con cuatro décadas de vida familiar.

La voz de auxilio se escucha tanto en el lado atlántico como en el pacífico. El boom inmobiliario y turístico es la causa, señalan los moradores. Aunado a unas autoridades locales y centrales que “no están reconociendo los derechos posesorios”, añade el jurista Guillermo Márquez Amado.

En medio está el Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) que busca hacer una titulación masiva. Las comunidades se organizan para protestar en contra de la iniciativa porque, por un lado sus tierras son cedidas a “poderosos” y, por otro lado, el costo para obtener la titulación es “impagable”.

Donatilo Jiménez aún se pregunta cómo la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concedió, en abril del año pasado, a la sociedad Hoteles Decameron un globo de terreno en Cocuye, en Santa Isabel de Colón, que él heredó de su padre y que también perteneció a su abuelo.

Después de luchar en contra de la decisión gubernamental, con el apoyo del Consejo Consultivo de Pronat –integrado por la sociedad civil–, el pasado 10 de octubre Catastro revocó la decisión.

Ahora, Jiménez se siente complacido, pero su preocupación sigue latente. Es un área atractiva para el desarrollo turístico, “al que no nos oponemos, pero si desconocen nuestro derecho, lo defenderemos”, dijo.

“Lo que le pasó a Donatilo le puede ocurrir a cualquiera de nosotros”, añade Alfredo Reid, uno de los residentes de Santa Isabel.

Mientras los colonenses respiran, por el momento, con tranquilidad, los residentes de playa El Toro y La Garita, en Pedasí, y la comunidad indígena Cayo de Agua, en el Archipiélago de Bocas del Toro, están en la zozobra.

El pasado 10 octubre, 17 policías llegaron a la comunidad de Cayo de Agua para derrumbar unos 15 ranchos indígenas, habitadas por alrededor de 100 familias, dijo Félix Sánchez.

Seis días después, la misma orden llegó a la costa de Pedasí. Ese día, un grupo de residentes se preparaba para ir de pesca, cuando entró la maquinaria a derrumbar las casas, narró ayer Amada Caballero.

La acción, dijo, es porque ahora aparece un supuesto dueño de una tierra que ha sido ocupada desde hace 40 años por los moradores.

Por este caso, el Consejo Consultivo de Pronat hizo una solicitud a la Defensoría del Pueblo para que investigue, alegando que el programa se ejecuta a través de convenios con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que establecieron en sus cláusulas el reconocimiento del derecho de los ocupantes de las tierras. En el documento se advierte de que los desalojos “pueden ser causal del término del financiamiento”.

Este diario intentó contactar a la viceministra de Economía y Finanzas, Gisela Álvarez de Porras, y al coordinador técnico de Pronat, Rolando Armuelles, durante dos días, sin embargo ninguno de los dos respondió.

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