Las obras están avanzadas en un 70% y costarán 1.49 millón de dólares.

Restauración con independencia de la ley

PH Plaza Independencia desafía cinco normas de restauración para el Casco Antiguo. Ingeniería Municipal y Patrimonio Histórico investigan.

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VIOLACIÓN. Originalmente, los inmuebles tenían dos y tres pisos. Ahora que los dos edificios están unidos en uno solo, se les agregó pisos hasta alcanzar una altura de hasta seis niveles. LA PRENSA/Noriel Gutiérrez VIOLACIÓN. Originalmente, los inmuebles tenían dos y tres pisos. Ahora que los dos edificios están unidos en uno solo, se les agregó pisos hasta alcanzar una altura de hasta seis niveles. LA PRENSA/Noriel Gutiérrez

VIOLACIÓN. Originalmente, los inmuebles tenían dos y tres pisos. Ahora que los dos edificios están unidos en uno solo, se les agregó pisos hasta alcanzar una altura de hasta seis niveles. LA PRENSA/Noriel Gutiérrez

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Eran dos de las residencias más emblemáticas en la Plaza de la Independencia, en San Felipe. En una residió el prócer Federico Boyd y en la otra, originalmente propiedad de Manuel Escobar de Ossa, habitó el primer presidente de la República, Manuel Amador Guerrero. Ahora, ambos inmuebles están reducidos a escombros.

A pesar de que hay normas que prohíben expresamente la destrucción de edificios en el Casco Antiguo –declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997–, la sociedad Amarillo Guayacan Investment modificó la fachada y alteró el volumen de las otroras residencias de Boyd y Amador, para crear una sola mole de concreto.

La unión de las dos fincas dará paso a un gran edificio que se promueve en el mercado inmobiliario como el PH Plaza Independencia. El proyecto cuenta con 19 apartamentos –de 92 a 239 m2–, cinco locales comerciales y área social, con piscina, bar y jacuzzi. Sus promotores aseguran haber vendido ya el 80% del proyecto.

Haciendo honor a su nombre, el Plaza Independencia ha mostrado muy poca dependencia, pero en relación a la legislación en materia de conservación.

El desafío más notable a la ley, es la construcción de varios pisos adicionales.

Esto es algo que está prohibido en el Casco Antiguo, donde el máximo es de cuatro niveles (incluyendo la planta baja), según los decretos leyes No. 9 de 1997 y No. 51 de 2004. El proyecto de Amarillo Guayacan ya va por seis niveles. Los inmuebles originales –donde vivieron Boyd y Amador Guerrero– tenían dos y tres pisos.

Además, en una visita al lugar, La Prensa constató que se echó abajo uno de los vanos, para permitir el ingreso de maquinaria, lo que también viola la ley.

“No se puede nunca alterar los vanos existentes para meter carros”, señaló Sebastián Paniza, presidente de Icomos Panamá.

Paniza cuestiona además si el proyecto cumple con las categorías de uso de suelo.

Las fincas tienen el uso de suelo RMH2-C2, correspondiente a “zona residencial multifamiliar de alta densidad”. Es decir, hasta mil 500 personas por hectárea. Pero las fincas, juntas, tienen apenas una décima parte: 900.93 metros cuadrados, para ser exactos.

“No tiene una hectárea ahí, por lo que no tiene capacidad para tener tantos apartamentos”, enfatizó el representante de Icomos.

Otra falta: el Plaza Independencia no fue llevado al pleno de la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos Históricos (Conamoh), un ente asesor que tiene la función de analizar y considerar todos los proyectos de restauración y mejoras en San Felipe. La ley dice que Patrimonio Histórico no puede aprobar nada que no haya sido previamente examinado por la Comisión.

En la lista de irregularidades encontradas está también que los trabajos que se llevan a cabo in situ, no corresponden a lo supuestamente aprobado en planos por la Dirección de Patrimonio Histórico del Inac. Esto ya lo constató la Dirección de Obras y Construcciones Municipales, que hace 12 días ordenó la suspensión de las obras, cuando registraban un avance del 70%.

La suspensión fue dictada, a petición de la directora de Patrimonio Histórico, Linette Montenegro, que ahora investiga por qué se aprobaron los planos.

Montenegro se mostró sorprendida, pese a que ella misma, el 28 de diciembre de 2007, expidió una “certificación” en la que consta que los inmuebles de Amarillo Guayacan “cuentan con planos para su restauración, aprobados por esta Dirección y las mismas están en proceso de restauración”.

También se investiga cómo se hicieron “anexos” a los planos originalmente preparados por el arquitecto Roberto Ramos, ya fallecido.

En un documento del 26 de marzo pasado, el ingeniero municipal Jaime Salas señaló que las obras en el PH “se ejecutan violando los planos aprobados”, con un valor de 1.49 millón de dólares.

Salas citó violaciones a la Ley 6 de 2006, que en su artículo 37 señala como infracción “realizar trabajos de parcelación, urbanización y edificación no autorizados por las autoridades urbanísticas”. La misma ley dicta que si no se corrigen las faltas, “se procederá a su demolición parcial o total”.

Luis E. Camacho, vocero de Rodney Zelenka –que controla Amarillo Guayacan–, acordó concertar una cita con su cliente, pero luego se excusó, alegando que tenía muchas ocupaciones.

Evangelina Crespo: ‘A Zelenka no se le aprobó nada’

Evangelina Crespo, ex directora encargada de Patrimonio Histórico, es rotunda: dice que ella no aprobó los planos finales para la remodelación del PH Plaza Independencia.

“Al señor [Rodney] Zelenka nunca se le aprobó nada, porque él quería subir pisos, abrir vanos... Jamás le he aprobado nada”, señaló Crespo.

Dice desconocer por qué su firma es la que aparece en la Resolución que autorizó las obras, la No. 54 del 24 de agosto de 1999, una semana antes que finalizara la administración de Ernesto Pérez Balladares. Entonces el proyecto hasta tenía otro nombre –Condominio Plaza Catedral–.

“Tengo que ver esa firma. Ese señor ni siquiera me habla, porque no le quise aprobar nada. Dudo que esa sea mi firma. Yo firmé lo de la Cancillería y otros trabajos que ya están terminados, pero a ese señor Zelenka, nada”, agregó.

Auténtica o no, la misma Resolución en la que aparece Crespo autorizando la construcción del Plaza Independencia, está que no se pueden modificar los planos aprobados, so pena de una multa de hasta 10 mil dólares “y la demolición a su costa de la obra en infracción”.

Sebastián Paniza, de Icomos, dice que si se comprueban irregularidades, “y se cumple la ley”, al final “habrá que demoler”.

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